Fuente: Listin diario
Funcionarios y expertos admiten que los programas habitacionales no satisfacen las necesidades de los sectores más vulnerables
Aproximadamente el 60 % de los hogares dominicanos, correspondientes a los tres primeros quintiles de ingresos, enfrenta serias dificultades económicas para acceder a una vivienda adecuada.
Así lo afirmó Rafael Alejandro Morel, director del viceministerio de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), durante un encuentro organizado por Ciudad Alternativa para analizar los avances y desafíos de las políticas de vivienda y hábitat en República Dominicana en los últimos cinco años.
El funcionario explicó que el costo de adquirir una vivienda excede la capacidad financiera de gran parte de las familias, mientras que las condiciones del financiamiento hipotecario representan una de las principales barreras para su acceso.
De acuerdo con Morel, las familias deben destinar entre el 30 % y el 33 % de sus ingresos para cubrir el costo de una vivienda. Sin embargo, "los primeros tres quintiles de la población enfrentan serias dificultades, pues no cuentan con ingresos suficientes para cubrir el costo de una vivienda adecuada".
Por ello, el reto del Mivhed, agregó, es cerrar esa brecha mediante alianzas con instituciones estatales que apoyan la producción habitacional y trabajan para incrementar los ingresos familiares.
Financiamiento, la principal barrera
No obstante, mencionó diversos factores que dificultan el acceso a viviendas dignas, entre ellos el precio de los terrenos y las limitaciones en la planificación territorial, siendo el financiamiento el obstáculo más importante.
"Existen barreras estructurales que impiden el acceso al financiamiento y, cuando no hay bloqueos, este resulta muy costoso; para la mayoría de las familias que adquieren una vivienda representa más del 50 % del costo total", explicó Morel durante su presentación en el panel "¿Dónde estamos cinco años después? Balance de la situación habitacional y los principales desafíos de las políticas públicas".
A esta dificultad se suma el elevado costo de los préstamos hipotecarios. Morel reiteró que, bajo las condiciones actuales del mercado, muchas familias terminan pagando más intereses que el valor mismo de la vivienda.
"Cuando se paga una hipoteca bajo el régimen actual, se destina más dinero al pago de intereses que al precio real de la vivienda", aseguró Morel.
Además, reconoció que los mecanismos tradicionales de financiamiento excluyen a un sector importante de la población debido a los requisitos impuestos por las entidades bancarias.
Como ejemplo, mencionó que durante el diseño del programa Mi Vivienda se seleccionó inicialmente un grupo de 500 posibles beneficiarios, pero las dificultades para acceder al crédito impidieron avanzar como se había previsto.
Nuevos mecanismos
Frente a estas limitaciones, Morel anunció que el Ministerio de Vivienda está desarrollando un programa llamado Vivienda Solidaria, orientado a facilitar el acceso al financiamiento habitacional sin depender exclusivamente de la banca tradicional.
Esta iniciativa forma parte del interés por modificar los mecanismos convencionales para abordar las causas estructurales del déficit habitacional e incluye modalidades como la vivienda cooperativa y el uso de fideicomisos para canalizar recursos hacia organizaciones sociales y cooperativas interesadas en proyectos habitacionales.
"Estamos diseñando vehículos muy innovadores: viviendas cooperativistas gestionadas por cooperativas y utilizando también la ley de fideicomiso; se crearán fideicomisos que permitan a cooperativas y organizaciones sociales acceder a créditos y financiamientos, incluso provenientes de inversionistas que aporten capital al fondo", explicó Morel.
Según detalló, estos instrumentos permitirían que las comunidades participen activamente en definir las viviendas que necesitan construir.
También señaló que el ministerio realiza estudios y recibe asistencia técnica de organismos multilaterales para estructurar estos mecanismos.
Sin embargo, durante su intervención no especificó fechas para la implementación del programa ni los recursos asignados para su puesta en marcha.
Respuesta estatal insuficiente
Por otra parte, en el panel moderado por la periodista Indhira Suero, la investigadora Jenny Torres, especialista en pobreza, género y políticas públicas, advirtió que la magnitud de las acciones gubernamentales sigue siendo insuficiente ante el déficit habitacional acumulado.
Tras presentar cifras y estimaciones propias, Torres cuestionó que frente a un déficit superior a 300,000 viviendas, la respuesta estatal haya sido construir entre 15,000 y 24,000 unidades en seis años.
"La escala de la respuesta no corresponde con la dimensión del problema", manifestó la activista durante este seminario sobre vivienda y hábitat en República Dominicana.
Asimismo, criticó que los programas habitacionales estén dirigidos principalmente a familias con capacidad crediticia, dejando fuera a quienes enfrentan mayores niveles de pobreza.
A su juicio, iniciativas como Familia Feliz y Mi Vivienda benefician ciertos segmentos poblacionales pero no constituyen una solución adecuada para los hogares con menores ingresos.
"Los quintiles uno, dos y tres no los resolveremos con Familia Feliz ni con vivienda tradicional", afirmó Torres, quien además señaló que estos "programas sociales" mantienen la visión de la vivienda como un bien mercantil destinado solo a quienes pueden pagarla.
La investigadora también cuestionó que las políticas públicas se centren en entregar edificaciones sin garantizar condiciones adecuadas en su entorno —como acceso a servicios básicos, empleo y medios dignos de vida—.
Como ejemplo citó los reasentamientos vinculados a la presa Monte Grande donde —según denunció— familias antes dedicadas a la agricultura y pesca enfrentan dificultades económicas tras ser trasladadas.
"Solo entregamos las casas dejando atrás otros componentes esenciales: asegurábamos diez tareas agrícolas por familia, regadío garantizado, semillas y comercialización; ahora esas personas están en Monte Grande sembrando solo esperanza", lamentó Torres.
El panel contó también con la participación de Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional; y Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero en la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
Celebrado en el Hotel Catalonia, este panel formó parte del seminario nacional "Vivienda y hábitat en República Dominicana: cinco años de avances, desafíos y perspectivas".
El evento reunió a autoridades gubernamentales, académicos y especialistas con el propósito de analizar la evolución reciente de las políticas habitacionales en el país evaluando tanto logros cuantitativos como persistentes retos estructurales para garantizar un hábitat digno.
La actividad se realizó dentro del marco del proyecto "Promoviendo una política urbana participativa en la provincia de Santo Domingo con enfoque de género y desde una perspectiva social del hábitat fase III", ejecutado por Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), con financiamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
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