Fuente: Listin diario
El 23 de septiembre pasado, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para 2027.
De cada RD$100 que se prevé recaudar en 2027 mediante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), RD$84.3 ya estarían destinados al pago de intereses de la deuda y a las asignaciones para educación y salud, lo cual restringe la disponibilidad de fondos para atender otras necesidades, como las soluciones habitacionales.
Así lo manifestó Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), durante el Seminario Vivienda y Hábitat realizado el 30 de octubre en el hotel Catalonia, donde expuso un panorama sobre la evolución del gasto público en vivienda y servicios comunitarios entre 2014 y 2025.
Jovine indicó que el gasto devengado en esta área se multiplicó por 4.7 entre 2014 y 2025, pasando de RD$9,678 millones a cerca de RD$45,349 millones. No obstante, aclaró que esta partida no abarca únicamente programas habitacionales o vivienda social, sino también inversiones en suministro de agua potable, urbanización y desarrollo comunitario.
En el panel titulado "¿Dónde estamos cinco años después? Balance de la situación habitacional y los principales desafíos de las políticas públicas", Jovine detalló que, entre 2021 y 2025, estos rubros representaron en promedio el 6.7 % del gasto social, frente al 4.9 % registrado en el período anterior.
El funcionario advirtió que las limitaciones fiscales y el aumento del peso del servicio de la deuda reducen el margen presupuestario para ampliar las intervenciones estatales en materia de vivienda.
Según sus explicaciones, de cada RD$100 proyectados en recaudación por la DGII para 2027, RD$31.5 serían destinados al pago de intereses de la deuda, RD$35 a educación y RD$17.8 a salud. El restante 15.7 correspondería a otras instituciones e inversiones y gastos, incluyendo vivienda.
El economista añadió que "los ingresos internos están muy condicionados por la actual situación de conflictos geopolíticos internacionales".
"Esto afecta a República Dominicana y a toda América Latina, pero especialmente a un país importador neto de hidrocarburos; esto tiene un impacto significativo y condiciona las finanzas públicas actuales. Esta situación ejerce presión sobre el déficit y provoca que el financiamiento anual y los intereses de la deuda absorban una mayor proporción del gasto público", manifestó Jovine.
Esta exposición se realizó en el marco del "Seminario Vivienda y Hábitat", organizado por Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) como parte del proyecto "Promoviendo una política urbana participativa en la provincia de Santo Domingo, con enfoque de género y desde una perspectiva de producción social del hábitat, fase III", iniciativa financiada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
El evento congregó a autoridades gubernamentales, académicos y expertos para analizar la evolución de las políticas habitacionales en el país durante los últimos cinco años, así como los avances y retos pendientes en el acceso a una vivienda y un hábitat dignos.
Participaron representantes de diversos sectores, entre ellos Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional; así como Joan Guerrero y Rafael Alejandro Morel, del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
Desde la academia y organizaciones sociales estuvieron presentes Jenny Torres, investigadora especializada en pobreza, género y políticas públicas; Ana Moyano, doctora en Arquitectura e integrante del Centro Arcoíris; Patricia Gómez, trabajadora social del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba); y Pedro Hernández, sociólogo y director de Planificación de la Liga Municipal Dominicana.
Uno de los temas centrales fue la implementación del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032. Durante las discusiones se resaltó la importancia de respaldar esta hoja de ruta con recursos presupuestarios adecuados, coordinación interinstitucional y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.
El debate también enfatizó la necesidad de superar una visión centrada exclusivamente en la construcción física de viviendas e incorporar aspectos como planificación territorial, acceso a servicios, seguridad jurídica y participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios.
En ese sentido, se subrayó que garantizar el derecho a una vivienda adecuada implica construir soluciones conjuntamente entre Estado, gobiernos locales, academia, organizaciones sociales y comunidades, reconociendo especialmente a estas últimas como protagonistas en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas que afectan sus condiciones de vida.
La actividad se llevó a cabo en vísperas del Día Mundial de las Ciudades —que se celebra cada 31 de octubre— cuyo lema este año es "Regenerar la ciudad: vivienda adecuada para todos".
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