Fuente: Hoy Digital
Lixiviados fluyen por una cañada como si fuera una mina de petróleo y desembocan directamente en el río Isabela, tiñendo sus aguas de negro, las cuales conectan con el río Ozama en Tres Brazos.
Aunque entre 2017 y 2024 el gobierno de la República Dominicana ha tomado préstamos por un total de US$510 millones, equivalentes a RD$29,580 millones según la tasa promedio del período, con la intención de solucionar el problema del vertedero de Duquesa, este depósito continúa contaminando su entorno, incluyendo arroyos y ríos cercanos.
Ahora se presenta un nuevo elemento: particulares que se hacen pasar por representantes gubernamentales sin mostrar credenciales oficiales presionan a cerca de 200 familias que residen en la comunidad de Duquesa, ubicada justo detrás del vertedero.
Miguelina Montero, quien lleva 28 años viviendo en Duquesa, denuncia que es amenazada por individuos que llegan al lugar ofreciendo pequeñas sumas de dinero para que abandonen sus viviendas, que son lo único que tienen para protegerse de las inclemencias del tiempo, bajo el argumento de que el Gobierno necesita esos terrenos.
Montero, madre de seis hijos y que subsiste vendiendo lo poco que recoge en el vertedero, señala que quienes ejercen presión advierten que si no aceptan "las chilatas" ofrecidas serán desalojados igualmente. Por ello, pide al Gobierno detener a estos personajes que aparentemente actúan ilegalmente.
En igual sentido se pronunció Marisol Pérez, madre de seis hijos, quien urgió a las autoridades a frenar a quienes mantienen aterrorizadas a las familias de Duquesa con amenazas para aceptar las ínfimas sumas ofrecidas y abandonar sus propiedades.
Detalló que los promotores del desalojo ofrecen montos entre RD$15 mil y RD$40 mil a las familias para que se marchen, pero esas cantidades no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos funerarios, mucho menos para adquirir una vivienda digna donde seguir viviendo.
"Si realmente es el Gobierno quien está detrás del desalojo, que salga a dar la cara y explique lo que ocurre; es extraño un desalojo repentino, sin aviso previo, sin documentos y con amenazas", afirmó Pérez.
A Diana Valdez le propusieron RD$45,000 por su propiedad; sin embargo, con seis hijos esa cifra no alcanza ni para cubrir una mudanza. Además, ese es el lugar donde nacieron sus hijos y desconoce otro sitio donde puedan establecerse.
Estado condenado
Los promotores del desalojo ya han ocupado una gran porción de terrenos destinados para que la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) depositara los residuos sólidos de Santo Domingo, lo cual requiere pronta intervención gubernamental.
El Estado fue condenado a finales de marzo pasado cuando una juez federal estadounidense ordenó confirmar un laudo arbitral que obliga al Gobierno dominicano a pagar cerca de US$44 millones al empresario multimillonario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin. Esta disputa legal se prolongó casi una década y surgió tras la terminación del contrato para operar el vertedero y los terrenos de Duquesa.
En un memorando emitido el martes 31 de marzo, la jueza Colleen Kollar-Kotelly adoptó plenamente la recomendación de un magistrado y desestimó los intentos del Gobierno dominicano por anular la decisión del tribunal internacional, dándole así la razón al inversionista. La comunidad de Duquesa está situada justo detrás del vertedero donde se depositan más de 5 mil toneladas diarias de residuos sólidos del Distrito Nacional y otros municipios del Gran Santo Domingo.
¡No es una mina petrolera!
Entre el vertedero y la comunidad pasa una cañada homónima por donde circulan aguas realmente negras (que parecen petróleo), pero en realidad son lixiviados provenientes de los residuos sólidos que van directo al río Isabela y luego desembocan en el Ozama.
Estas aguas contaminadas en superficie y subsuelo son las responsables del mal olor y color oscuro en el río Isabela, especialmente desde el Cementerio Jardín Memorial hasta el Parque Mirador Norte.
Otra fuente contaminante
Sin embargo, esta no es la única contaminación generada por el basurero. En el trayecto hacia él, los camiones recolectores afectan el ambiente debido al olor desagradable generado por los residuos expuestos (muchos sin cubrir), además de los lixiviados que quedan sobre el asfalto.
Así lo explica Esperanza Núñez, miembro de la junta de vecinos de Los Casabes, quien también menciona enfermedades respiratorias en niños y adultos residentes en sectores cercanos a la ruta utilizada por estos vehículos.
Afirma que especialmente los camiones no compactadores transportan residuos sin protección alguna, lo cual provoca malos olores y caída accidental de sacos llenos de basura que los vecinos deben limpiar de las vías públicas.
Falta de agua potable
La problemática empeora debido a la histórica escasez de agua potable en Los Casabes, Jacagua, Barrio Nuevo y Arroyo Norte —áreas pertenecientes a la sección Higüero— donde los habitantes deben comprar tanques de 55 galones a RD$100 para satisfacer sus necesidades domésticas. "Cuando vamos a lavar tenemos que adquirir dos o tres tanques; por eso la vida es muy difícil en esta zona tan pobre", señalan los residentes.
RD$500 millones para la carretera hacia el vertedero
Para reconstruir la carretera que conduce al vertedero desde ambos lados —norte y sur— el Gobierno destinó RD$500 millones en 2022. Sin embargo, solo se intervino en el primer tramo hasta llegar al Cementerio Los Casabes y quedó inconcluso; faltó aproximadamente un kilómetro para alcanzar el basurero.
Según Esperanza Núñez, aunque estaba previsto colocar tres capas de asfalto solo se aplicaron dos. Además, no se instalaron reductores de velocidad ("policías acostados") frente a centros educativos; esto genera temor entre los padres durante las horas de entrada y salida escolar.
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