Fuente: Listin diario
El dilema que enfrentan los pandilleros no es un proceso sencillo ni rápido, como si fuera doblar en la próxima esquina.
Acorraladas entre la espada y la pared, bajo un cerco militar cada vez más intenso y sin el margen de impunidad que antes gozaban, las principales pandillas armadas de Haití afrontan hoy la disyuntiva de dialogar o perecer.
Es decir, tienen que elegir entre sentarse a negociar la paz o ser desarticuladas por la fuerza, un proceso que tampoco sería tan fácil ni rápido como doblar una esquina.
En un giro inesperado y sin precedentes en la historia reciente de la crisis haitiana, los líderes principales de las pandillas armadas, encabezados por la influyente estructura criminal 400 Mawozo, manifestaron el lunes 2 de noviembre su intención de solicitar la mediación directa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para iniciar un diálogo de paz.
Desde analistas hasta periodistas haitianos reconocidos, coinciden en que esta disposición pública de estos grupos para negociar representa un cambio radical respecto a su comportamiento histórico.
Tras años de actos terroristas, extorsión y control territorial sin buscar reconocimiento político ni internacional, los jefes de las bandas atribuyen ahora esta decisión al deterioro del clima de seguridad para la población civil y a la fuerte presión ejercida por las fuerzas aliadas en la capital.
Expertos en seguridad y observadores locales coinciden en que este llamamiento inesperado a la mesa de diálogo no es fortuito, sino "el resultado directo de una combinación de factores bélicos, logísticos y diplomáticos que han asfixiado la operatividad criminal".
A diferencia de misiones anteriores para contenerlos, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) ha intensificado sus incursiones directas en zonas conflictivas, luego de la emboscada ocurrida a mediados de octubre en la que desaparecieron cuatro militares salvadoreños.
En respuesta, El Salvador envió cientos de soldados adicionales altamente entrenados, lo que ha incrementado notablemente el costo operativo y el número de bajas dentro de las pandillas.
Las operaciones conjuntas para recuperar el control de carreteras nacionales, puertos y accesos a Puerto Príncipe han bloqueado las fuentes de financiamiento de las bandas, limitando los cobros ilegales en peajes, la extorsión comercial y el tráfico de armas.
Frente al riesgo inminente de ser desarticulados definitivamente por tropas internacionales, los líderes buscan forzar una mediación con la ONU para ganar reconocimiento como interlocutores, frenar la ofensiva aliada e intentar negociar futuras condiciones de amnistía o desarme.
Esta estrategia coincide directamente con la necesidad del gobierno haitiano de institucionalizar el país.
El Consejo Electoral Provisional (CEP) confirmó el calendario oficial que establece las elecciones presidenciales y legislativas para el 18 de julio de 2027, con una posible segunda vuelta prevista para el 4 de octubre del mismo año y el inicio oficial de campaña fijado para el 15 de abril.
Haití no celebra elecciones desde 2016 y permanece sin presidente electo tras el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021.
El gobierno interino del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé sostiene que recuperar el territorio mediante acciones militares es condición indispensable para acudir a las urnas; sin embargo, la inesperada propuesta de diálogo presentada por las pandillas introduce una nueva variable en esta compleja ecuación política haitiana.
La comunidad internacional evalúa actualmente si esta solicitud de tregua representa un verdadero gesto de rendición e integración o si se trata simplemente de una estrategia para ganar tiempo y desactivar temporalmente la ofensiva aliada antes del inicio del año electoral.
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