Fuente: Listin diario
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional llevará a cabo este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, junto a otros seis imputados relacionados con una presunta red de corrupción administrativa en dicha entidad.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero, responsable del control de la investigación, programó la audiencia para las 9:00 de la mañana. En este encuentro decidirá si mantiene o modifica la prisión preventiva que pesa sobre los acusados.
Además de Santiago Hazim, comparecerán ante el tribunal Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
Esta revisión se da tras la decisión del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso prisión preventiva a los imputados y ordenó su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra.
Por su parte, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, el empresario Eduardo Read Estrella y Ada Ledesma Ubiera continúan bajo arresto domiciliario.
El pasado 5 de agosto, el tribunal ratificó la prisión para el grupo luego de una revisión obligatoria de la medida de coerción.
La presunta red
Según la investigación conducida por el Ministerio Público, Santiago Marcelo Hazim Albainy lideraba esta supuesta estructura criminal que operaba a través de un "comité operativo" paralelo, desde donde se tomaban decisiones estratégicas al margen de los procedimientos oficiales de Senasa.
El órgano persecutor afirma que este sistema permitía acelerar o frenar procesos a cambio de beneficios económicos, incumpliendo así los requisitos legales del sistema público de salud.
La acusación indica que el supuesto fraude involucraba la falsificación de documentos, la presentación de reclamaciones falsas y la aprobación de pagos basados en facturación simulada. Además, se habría facilitado la habilitación de prestadores de servicios médicos a cambio de pagos ilícitos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados habrían empleado empresas ficticias y operaciones bancarias trianguladas para ocultar el origen de fondos supuestamente desviados de las reservas técnicas del seguro estatal.
El Ministerio Público atribuye a este grupo la participación en un entramado que habría generado pérdidas para el Estado dominicano por encima de RD$15,900 millones. Los hechos continúan bajo investigación y corresponderá a los tribunales determinar las responsabilidades correspondientes.
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