Fuente: Listin diario
La defensa de Juan Tomás Polanco Céspedes ha solicitado el retiro de las juezas Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez Noboa, argumentando conflictos personales con su abogado y cuestionamientos sobre la imparcialidad en el análisis de una petición de extinción de la acción penal.
Uno de los imputados en el caso Calamar presentó una recusación contra las juezas Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez Noboa, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por considerar que existen factores que ponen en duda la objetividad necesaria para conocer el proceso penal en su contra.
La solicitud fue presentada por Juan Tomás Polanco Céspedes mediante su abogado Alberto Almonte de los Santos, quien pide el apartamiento de ambas magistradas, fundamentando la petición con razones distintas para cada una.
En relación con la jueza Evelyn Rodríguez, la defensa argumenta que hay un conflicto personal entre ella y el abogado Almonte de los Santos, que según indica, data desde 2015 y habría influido en el manejo de los incidentes presentados en representación de su cliente.
El letrado menciona antecedentes de recusaciones y disputas judiciales en otros casos donde ha actuado como defensor, así como una denuncia disciplinaria interpuesta el 5 de octubre del presente año ante la Inspectoría General del Poder Judicial.
La defensa sostiene que esta situación podría afectar el derecho efectivo a la defensa de Polanco Céspedes, al considerar que el imputado no debe verse perjudicado por posibles diferencias personales entre su representante legal y un miembro del tribunal.
Por lo que respecta a la jueza Leticia Martínez Noboa, la recusación se basa en lo que se considera una afectación a la imparcialidad objetiva debido a su postura frente al rechazo de una solicitud para extinguir la acción penal por vencimiento del plazo máximo del proceso.
En este sentido, se señala que la magistrada reconoció en su voto salvado que a Polanco Céspedes solo le correspondían nueve días de retraso por motivos de salud debidamente comprobados, pero consideró que la complejidad del caso justificaba que su duración excediera el límite legal.
La defensa cuestiona que, pese a esta apreciación, no se haya realizado un cómputo individualizado del plazo, ni establecido cuáles períodos debían excluirse o cuál era la fecha exacta de vencimiento aplicable al imputado.
Como parte de sus fundamentos, el abogado cita resoluciones del Tribunal Constitucional relacionadas con el plazo razonable, la motivación de las decisiones judiciales y la obligación de identificar las circunstancias que justifican prolongar los procesos penales.
Además, se hace referencia a la audiencia celebrada el 14 de septiembre de 2026, cuando la jueza Evelyn Rodríguez rechazó la petición de extinción y situó el inicio del cómputo del plazo en la presentación de la acusación, ocurrida el 25 de abril de 2024.
Es importante señalar que la presidenta del tribunal, Ailin Ventura, discrepó del criterio mayoritario expresado por las magistradas recusadas cuando emitió su voto disidente, opinando que se debió declarar la extinción de la acción penal a favor de varios imputados, incluso aquellos cuyas defensas no realizaron dicha solicitud explícitamente.
Entre los acusados figuran el exministro de Hacienda Donald Guerrero, Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Julián Omar Fernández, Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.
A este grupo se le imputan cargos por asociación ilícita, desfalco, coalición de funcionarios públicos, falsificación documental, soborno, lavado de activos y financiamiento ilegal de campaña.
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