Fuente: Ámbar Frías/ambar_frias@hoy.com.do
Senadores aprueban iniciativa que busca fomentar el uso eficiente de la energía y tecnologías de menor consumo
El Senado aprobó ayer en segunda lectura el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, presentado por el senador Félix Bautista, cuyo objetivo es impulsar un consumo más racional de los recursos energéticos a través de nuevas tecnologías, cambios en los hábitos de consumo y un régimen de incentivos para la compra de equipos de bajo consumo.
La propuesta establece que las edificaciones públicas y privadas de nueva construcción con una superficie útil superior a 300 metros cuadrados deberán incorporar tecnologías de energía renovable, conforme a los mecanismos que se definan en el reglamento de aplicación.
Además, contempla la creación de un sistema para calificar el desempeño energético de las edificaciones y establece criterios para aprovechar la iluminación y ventilación natural, incluir aislamiento térmico y utilizar sistemas eficientes para iluminación, almacenamiento y bombeo de agua potable en los edificios.
La iniciativa también impone un sistema obligatorio de etiquetado energético para los equipos que se comercialicen en el país, proporcionando información sobre sus niveles de eficiencia y consumo.
Asimismo, asigna al Ministerio de Energía y Minas la responsabilidad de supervisar su cumplimiento y establece multas que van desde uno hasta 150 salarios mínimos, según la gravedad de las infracciones.
Entre las faltas sancionables están la venta de productos sin el etiquetado correspondiente, falsificación de datos sobre eficiencia energética e incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el desempeño energético de las edificaciones.
Durante la sesión ordinaria también se aprobó en única discusión los cambios realizados por la Cámara de Diputados al proyecto que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, referente a la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas.
Los senadores aceptaron las modificaciones para reducir el plazo otorgado a las empresas, pasando de 24 a 18 meses. El proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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