Fuente: Loyda Peña/loyda_pena@hoy.com.do
Los casos Calamar y el de Jean Alain compiten por acumular más obstáculos y aplazamientos procesales en busca de la extinción penal, ambos con cinco recusaciones a jueces.
La demora en los procesos judiciales relacionados con casos de corrupción de alto perfil, mediante bloqueos a los magistrados, se ha convertido en un problema latente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ayer, en una jornada poco común, los juicios principales de Calamar y Jean Alain y sus asociados colapsaron simultáneamente tras la presentación masiva de nuevas recusaciones contra las juezas encargadas de ambos procesos.
Esta doble ofensiva obligó a suspender ambas audiencias, enviando los recursos a la Corte de Apelación y arrastrando ambos procesos hacia un laberinto incidental que pone en riesgo la extinción de las acciones penales por vencimiento de plazos, objetivo perseguido por los imputados.
En el Tercer Tribunal Colegiado, que investiga un presunto desfalco estatal superior a RD$21,000 millones, la audiencia fue aplazada para el 11 de noviembre tras la presentación formal de una recusación por parte de una defensa contra las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.
El origen de esta objeción fue la reciente división del tribunal respecto a la extinción del caso: mientras la presidenta Arlin Ventura emitió un voto disidente señalando que el plazo legal ya había expirado, Martínez y Rodríguez votaron para mantener activo el expediente.
Después del fallo, el Ministerio Público intentó apartar a la jueza disidente sin éxito. Ayer, la defensa técnica liderada por Juan Tomás Polanco Céspedes recusó a las juezas Martínez y Rodríguez alegando "conflictos personales" debido a su negativa a cerrar el caso.
Con este último incidente ya son cinco (5) las recusaciones presentadas contra magistradas durante el proceso contra los acusados en Calamar.
Colapso del segundo tribunal
Casi al mismo tiempo, en el Segundo Tribunal Colegiado, donde se lleva a cabo el juicio principal contra Jean Alain por un supuesto fraude al Estado por RD$6,000 millones, las defensas de dos coimputados presentaron recusaciones conjuntas contra las tres juezas titulares: Yissell Soto (presidenta), Clara Castillo y Jarolyn Rosario. La causa fue el rechazo del tribunal a una solicitud para ampliar de tres a seis días el plazo para apelar una resolución de 158 páginas, lo que los abogados calificaron como una "vulneración flagrante" del derecho a la defensa.
Las magistradas desestimaron estos argumentos al considerarlos ilógicos e improcedentes, pero aun así suspendieron el juicio y fijaron nueva fecha para el 16 de noviembre, a la espera del pronunciamiento de la Corte de Apelación sobre la recusación.
Este es el segundo tribunal colegiado que enfrenta recusación dentro del caso contra el exprocurador y suma ya cinco tribunales afectados en todo el proceso.
Recusaciones en Calamar
El 5 de febrero de 2024, durante la fase de Instrucción —que abarca la investigación inicial del Ministerio Público y el control de garantías procesales— el propio órgano persecutor, mediante la Procuraduría Especializada Anticorrupción (PEPCA), recusó a la jueza Ana Lee Florimón (suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción) por presuntas conductas parciales y un manejo excesivo discrecional. La Corte aceptó dicha recusación y apartó a la magistrada del control del expediente.
El 26 de agosto del mismo año, en la fase preliminar, el abogado representante de los querellantes civiles (Familia Mota) recusó a la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción por supuesta parcialidad debido a su exclusión en los acuerdos de criterio de oportunidad pactados entre fiscales y otros imputados. La Corte rechazó esta petición.
El 28 de abril de 2025, la jueza Ramírez fue nuevamente recusada por las defensas técnicas de los principales acusados (Gonzalo Castillo junto con Donald Guerrero y José Ramón Peralta) alegando falta de imparcialidad tras permitir que el Ministerio Público presentara la voluminosa acusación en formato resumido.
El 16 de septiembre de 2026, el Ministerio Público presentó una recusación contra la jueza Arlin Ventura, presidenta del Tercer Tribunal Colegiado, debido a su voto disidente que consideraba prescrito el proceso contra los imputados en Calamar. El tribunal rechazó esta recusación.
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