Fuente: Evan Perez/evan_perez@cnnespanol.cnn.com
Harmeet Dhillon ha dejado su puesto como jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, convirtiéndose en la primera funcionaria de alto nivel en abandonar la administración tras las elecciones intermedias.
El secretario de Justicia, Todd Blanche, comunicó su renuncia mediante una publicación en redes sociales, destacando que ella ha "dirigido la División de Derechos Civiles con determinación".
"Ella ha defendido las libertades civiles de todos los estadounidenses y ha aplicado la ley sin miedo ni favoritismos", escribió Blanche en X. "El Departamento agradece su servicio público dedicado y le desea mucho éxito en sus futuros proyectos".
Durante el año y medio que estuvo al frente como secretaria adjunta de Justicia, Dhillon transformó profundamente la división para alinearla con la era Trump, pasando de su enfoque tradicional en hacer cumplir leyes que promueven el acceso a las urnas y la reforma policial, a combatir lo que ella denominó "ideología woke".
En las últimas semanas, Dhillon — exasesora legal de la campaña del presidente Donald Trump — pareció quedar cada vez más relegada mientras el departamento iniciaba varios casos legales de alto impacto relacionados con las elecciones y que despertaban gran interés para el presidente.
"¿Dónde está Harmeet?", preguntaba un funcionario republicano involucrado en algunos de los procesos legales impulsados por el departamento para respaldar las afirmaciones de Trump sobre supuestos intentos demócratas de manipular las elecciones.
Dhillon mantuvo una presencia notable, aunque poco convencional, en redes sociales, donde anunciaba iniciativas al tiempo que compartía su afición por el tejido y apoyaba causas conservadoras, incluyendo la creación de una sección dedicada a la Segunda Enmienda y a la promoción del derecho a portar armas.
Deja atrás una división debilitada por la escasez de personal: más del 75% del equipo de la División de Derechos Civiles fue despedido o renunció durante su gestión. Aunque incorporó a varios abogados conservadores para cubrir esas vacantes, estas contrataciones no lograron compensar la pérdida acumulada durante décadas de experiencia y conocimiento en leyes de derechos civiles.
De hecho, el desmantelamiento de dicha división representó un problema para Dhillon, ya que algunos conservadores criticaban que los abogados menos experimentados no podían manejar adecuadamente los casos derivados a la sección.
Hasta ahora Dhillon no ha respondido a solicitudes para hacer comentarios.
Su salida se daba prácticamente por segura después de las elecciones, cuando los demócratas retomaron el control tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Su influencia sobre la División de Derechos Civiles había ido disminuyendo durante meses, según funcionarios con conocimiento del tema, en parte debido a sus repetidas derrotas judiciales y a la percepción entre colegas de que, si bien era experta anunciando iniciativas, resultaba menos efectiva implementándolas.
Los mayores reveses judiciales para Dhillon ocurrieron durante sus intentos por acceder a los padrones electorales. Jueces en todo el país rechazaron las demandas presentadas para ayudar a los estados a "depurar" las listas eliminando personas no ciudadanas; los magistrados criticaron duramente lo que consideraron un intento por usar la ley para privar a ciudadanos del derecho al voto o acceder indebidamente a sus datos personales.
Conforme se acercaban las elecciones intermedias, Dhillon fue quedando progresivamente al margen de las iniciativas electorales del departamento, según informaron fuentes a CNN. En ese periodo, fue el secretario adjunto interino Trent McCotter quien firmó las demandas más relevantes.
Stanley Woodward, fiscal general asociado — con quien Dhillon mantenía una relación tensa — asumió un papel principal en las audiencias judiciales para defender las acciones legales del gobierno.
Sin embargo, otras iniciativas lideradas por ella tuvieron resultados dispares. Por ejemplo, envió cartas y presentó demandas contra universidades acusadas de antisemitismo generalizado y discriminación — principalmente hacia estudiantes blancos — , pero esas acciones rara vez se tradujeron en victorias judiciales o incluso en demandas formales.
Algunas instituciones se comprometieron a combatir el antisemitismo, aunque diversas fuentes consultadas por CNN señalaron que el departamento estableció pocos marcos concretos ni llevó un seguimiento adecuado del tema.
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