Fuente: Presidencia de la República Dominicana
Santo Domingo.- En el marco de los próximos pasos para fortalecer la gobernanza de la inteligencia artificial en el Estado dominicano, el Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que, en cumplimiento de sus funciones como entidad rectora de la administración pública, elaborará durante 2027 el Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público. Este documento será presentado al Poder Ejecutivo para su aprobación a través de un decreto.
Dicho reglamento establecerá un marco regulatorio integral que regirá la adopción, implementación y uso responsable de sistemas de inteligencia artificial en las entidades públicas, definiendo criterios comunes sobre gobernanza, gestión de riesgos, responsabilidades institucionales, transparencia y protección de derechos.
Esta normativa dará continuidad a los avances iniciados con la aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos mediante el Decreto No. 787-26, consolidando las bases para incorporar estas tecnologías en la gestión pública bajo normas claras. Se busca garantizar la protección de los derechos ciudadanos, la transparencia y la responsabilidad institucional a través de los actuales mecanismos de transformación digital y modernización administrativa. De esta forma, se promueve una aplicación coherente de las disposiciones y se evitan duplicidades o cargas administrativas innecesarias.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, resaltó que estas iniciativas forman parte de la visión estratégica del Gobierno dominicano para modernizar el Estado y lograr que las instituciones brinden servicios más simples, oportunos y accesibles, mediante un intercambio seguro de información y el uso responsable de las nuevas tecnologías.
Freund señaló que el propósito es crear las condiciones institucionales adecuadas para que la inteligencia artificial contribuya a mejorar la calidad de los servicios públicos, fortalecer las capacidades del Estado y facilitar su relación con la ciudadanía.
Además, valoró positivamente la aprobación del Código de Ética, que establece principios y obligaciones para asegurar que el uso de inteligencia artificial en la administración pública respete aspectos como la protección de datos personales, la no discriminación, el debido proceso y la supervisión humana.
El código también incluye evaluaciones de impacto para aquellos sistemas cuyo funcionamiento pueda afectar significativamente derechos fundamentales, acceso a beneficios públicos o prestación de servicios esenciales.
En cuanto a su implementación, el MAP impulsará los lineamientos pertinentes a sus funciones rectoras en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), encargada de la supervisión ética, y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), responsable de las funciones técnicas establecidas en el decreto.
Una agenda integral para la transformación digital estatal
El ministro Freund explicó que el Ministerio de Administración Pública trabaja en cinco áreas interrelacionadas que constituyen las bases para una incorporación efectiva y responsable de la inteligencia artificial en la Administración Pública: datos e interoperabilidad; digitalización administrativa y servicios proactivos; arquitectura pública digital; coordinación de inversiones tecnológicas; y formación del personal público.
Entre las normativas ya vigentes destacan el Decreto No. 403-26, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos para facilitar el intercambio seguro de información entre entidades y reducir los requisitos documentales exigidos a los ciudadanos.
También figura el Decreto No. 384-26, que impulsa la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, mediante la cual las instituciones podrán anticiparse progresivamente a ciertas necesidades ciudadanas para facilitar el acceso a servicios y beneficios públicos.
A estas medidas se suma el Decreto No. 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, con el objetivo de mejorar la coordinación en inversiones tecnológicas, evitar duplicidades y fortalecer la sostenibilidad y eficiencia en los servicios digitales.
Freund reiteró que la inteligencia artificial debe utilizarse para simplificar la interacción entre las personas y el Estado, destacando que su aprovechamiento requiere datos confiables, instituciones coordinadas, inversiones bien planificadas y servidores públicos capacitados.
Fortalecimiento en competencias digitales del personal público
Como parte de esta agenda, el MAP promueve la elaboración del Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y con apoyo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Esta iniciativa pretende orientar la formación, actualización y desarrollo del talento humano del servicio civil frente a las nuevas demandas administrativas, incluyendo el uso responsable de herramientas basadas en inteligencia artificial, gestión de datos y habilidades necesarias para avanzar en la transformación digital del sector público.
El ministro enfatizó que la adopción tecnológica debe ir acompañada por procesos formativos que permitan a los servidores públicos comprender las oportunidades, riesgos y responsabilidades asociadas para asegurar un uso alineado con el interés general.
Un proceso respaldado por evaluación del panorama IA
Estas acciones están vinculadas al proceso Evaluación del Panorama de Inteligencia Artificial (AILA), desarrollado por el MAP con asesoría técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La evaluación técnica realizada en marzo 2026 permite analizar capacidades y condiciones nacionales para adoptar inteligencia artificial responsablemente, considerando infraestructura, disponibilidad y gobernanza de datos, talento especializado, capacidades institucionales así como marcos regulatorios y éticos.
Este estudio constituye un insumo clave para identificar prioridades y guiar futuras etapas en materia política pública sobre inteligencia artificial, incluyendo reforzamiento institucional y desarrollo regulatorio previsto para 2027.
Finalmente, el Ministerio reiteró que estos esfuerzos forman parte integral del plan estatal orientado hacia una modernización centrada en las personas donde la innovación tecnológica se traduzca en servicios públicos mejores, instituciones más eficientes y garantías efectivas en defensa derechos ciudadanas.
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