Fuente: Listin diario
Un grupo de 27 parceleros denunció haber sido desalojado de los terrenos que han cultivado durante décadas en la comunidad de La Luisa Blanca, en el municipio de Monte Plata, por miembros de la familia Vázquez Santana.
“Nunca hemos visto una posesión legítima de esos señores. Creo que se está abusando de la gente que quiere trabajar, de quienes desean permanecer en su comunidad y de todos los que buscan apoyar el medio ambiente”, manifestó Juana Mercedes, integrante de la Asociación de Mujeres Campesinas de Monte Plata.
Según explicó el abogado de los parceleros, identificado como Casimiro, las tierras corresponden a un asentamiento agrario establecido en 1994, mediante el cual varias familias recibieron parcelas para realizar labores agrícolas y asegurar su sustento.
El conflicto se originó en 2021 cuando Fellito Santana presentó un título de propiedad sobre dichos terrenos, lo que dio pie a una disputa legal que actualmente mantiene varios procesos abiertos en los tribunales.
El jurista detalló que existen cuatro casos ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, en Santo Domingo, además de otro proceso en Monte Plata. Estos buscan la nulidad de actuaciones que, según afirma, se efectuaron sin respetar los procedimientos legales de notificación y publicidad establecidos en la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.
Por otro lado, el abogado Orlando Pegasso Moreno denunció que durante los desalojos también resultaron afectadas personas que, según sostiene, nunca formaron parte de los procesos judiciales ni aparecen en las decisiones ejecutadas.
Entre los perjudicados mencionó a una iglesia cristiana con más de 15 años instalada en el lugar, cuyos fieles aseguran haber sido desalojados y que sus pertenencias y mobiliario fueron retirados.
Los parceleros manifestaron su indignación ante esta situación. Victoriano Moreno, ocupante de la parcela número 17, afirmó que lleva cerca de 32 años trabajando esas tierras donde cultiva plátanos, yuca y otros productos agrícolas, además de criar animales con los cuales ha sostenido a sus siete hijos.
De igual modo, Juan Morales, representante de la iglesia Movimiento de Celebración Divina, solicitó la intervención de las autoridades para investigar el conflicto y encontrar una solución que permita recuperar la tranquilidad para las familias afectadas.
Por su parte, Lucrecia Jorge señaló que los terrenos fueron entregados durante el asentamiento agrario de 1994 y cuestionó que ahora se reclamen parcelas que han sido ocupadas y trabajadas por campesinos durante tantos años.
Llamado a las autoridades
Frente a esta situación, abogados y parceleros hicieron un llamado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, para que investiguen cómo se obtuvo el título de propiedad y las acciones relacionadas con los desalojos.
También pidieron indagar sobre la participación de abogados vinculados al Estado en estos procesos judiciales, alegando que algunos estarían defendiendo intereses particulares en lugar de los derechos de los parceleros beneficiarios de la reforma agraria.
Los afectados aseguraron que no buscan confrontaciones, sino que se respeten sus derechos y se les permita continuar trabajando las tierras que durante décadas han representado el sustento para sus familias.
El caso permanece bajo análisis judicial y los parceleros esperan que las autoridades competentes intervengan para encontrar una solución conforme a la ley.
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