Fuente: Olga Vergés/olga_verges@hoy.com.do
En los últimos seis años y medio, estos crímenes han dejado en la orfandad a 473 niños y adolescentes, quienes ahora demandan mayor atención.
Hasta el 9 de noviembre, se han registrado en República Dominicana 80 feminicidios íntimos que han dejado huérfanos a 102 niños, niñas y adolescentes tras la pérdida de sus madres. Estas cifras evidencian el impacto que la violencia contra las mujeres tiene sobre las familias, un tema que cobra especial importancia en noviembre, mes en que el país conmemora el Mes de la Familia.
El informe no solo refleja un aumento en las muertes violentas, sino también las profundas consecuencias que estos delitos generan en los hogares, especialmente para los hijos que pierden a sus madres y deben afrontar las secuelas emocionales, sociales y económicas derivadas de estas tragedias.
Durante los primeros días de noviembre se reportaron cinco casos de mujeres asesinadas en circunstancias presuntamente vinculadas a violencia de pareja. Entre ellos está el de Jocelyn Ceballo Matrillé, de 36 años, ocurrido en San Juan de la Maguana.
Jocelyn falleció la madrugada del 6 de noviembre en el residencial Caonabo Tower tras recibir un disparo por parte de Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, señalado como el presunto autor del homicidio. En el momento del hecho, sus dos hijas menores se encontraban dentro del apartamento.
Otro caso ocurrió en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, donde Rosanny del Carmen Almonte Molina, de 47 años, murió tras ser impactada por varios disparos presuntamente efectuados por su pareja, Leonalfry Torres Hernández, conocido como "Leo", quien también resultó herido.
A estos sucesos se suman los asesinatos de Yocanda Elizabeth Ramírez de los Santos en Las Yayas de Azua y Albenis de Jesús Hernández en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.
Persisten los reclamos
Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, señaló que el Mes de la Familia y la cifra de mujeres asesinadas junto con los menores huérfanos plantea nuevamente una interrogante sobre la capacidad del país para proteger la vida de las mujeres y garantizar la seguridad de quienes quedan desamparados.
Fondeur exigió que las órdenes de protección incorporen mecanismos efectivos de supervisión y cumplimiento estricto, para que no se limiten a ser documentos emitidos por autoridades sino que representen verdaderas garantías para las víctimas.
Asimismo, propuso fortalecer las unidades dedicadas a atender a sobrevivientes de violencia y mejorar los centros de intervención conductual para hombres. Además, recomendó crear un registro nacional de huérfanos por feminicidios acompañado de programas integrales con apoyo psicológico, económico y legal. También abogó por conformar una mesa nacional de prevención integrada por instituciones estatales, organizaciones civiles y medios de comunicación para evaluar periódicamente las medidas implementadas.
Finalmente, reiteró que uno de los principales retos es actualizar el marco legal sobre violencia de género e intrafamiliar. En su opinión, la Ley 24-97 necesita adaptarse a las necesidades actuales para hacer más efectiva la prevención y protección a las víctimas.
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