Fuente: Loyda Peña/loyda_pena@hoy.com.do
Empresas que manejaron millones ahora alegan falta de recursos económicos para afrontar juicios por presunta corrupción y solicitan que abogados del propio Estado estafado los defiendan.
Han pasado tres meses desde el inicio del juicio principal contra los acusados en el caso "Camaleón" o INTRANT, y justo antes de la audiencia programada para hoy, el expediente probatorio del Ministerio Público permanece estancado en cero. Ninguna de las miles de pruebas recabadas por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha sido formalmente presentada ante los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Esto se debe a una estrategia sistemática para dilatar el proceso: las primeras semanas se consumieron en debates teóricos interminables, pedidos de nulidad, licencias médicas y repetidos intentos de apartar a las juezas del tribunal, obligando a postergaciones mientras el Ministerio Público rechazaba las recusaciones planteadas por las defensas.
Como si no fuera suficiente esta cadena de licencias y tecnicismos, ahora se suma la inesperada muerte en Dublín, Irlanda, de Richard Harney, directivo de PagoRD Exchange, la empresa “clave” señalada por defraudar al Estado Dominicano mediante un esquema contractual que supuestamente le permitía quedarse con el 99% de los impuestos recaudados en el INTRANT.
Esta es la misma empresa que durante toda la investigación del Ministerio Público funcionó como un cascarón vacío en República Dominicana, optando por mantenerse en rebeldía sin enviar representante alguno al país, y que reaparece repentinamente ante la audiencia de hoy para solicitar una prórroga de 15 días.
Increíble pero cierto
Durante la fase de instrucción y la audiencia preliminar, ningún representante local asumió la defensa por esa empresa que atravesó las etapas más críticas del proceso penal en un completo “anonimato procesal”, sin un solo directivo, gerente o abogado dominicano presente en el tribunal. Debido a esta falta sistemática de representación, los tribunales dominicanos la declararon formalmente en estado de rebeldía.
Un contrato real y una empresa fantasma
El 20 de junio de 2023, las autoridades del INTRANT lideradas por el imputado Hugo Beras firmaron un convenio con PagoRD Xchange para gestionar el cobro de tasas e impuestos sobre licencias y multas; sin embargo, los fondos pagados por los ciudadanos terminaban en cuentas pertenecientes a una empresa que operaba fantasmagóricamente, según revelan las investigaciones del Ministerio Público.
La PEPCA constató que PagoRD Xchange carecía de oficinas reales, servidores o infraestructura técnica dentro del país. Era un peaje financiero ficticio. El contrato estipulaba que la empresa debía retener una comisión del 10% y transferir el 90% restante al INTRANT.
No obstante, aparentemente el esquema se invirtió con total impunidad: la compañía apropiaba el 90% del dinero público y solo entregaba el 10% a las arcas estatales, captando irregularmente cientos de millones de pesos.
Las incautaciones
De acuerdo con las pesquisas de la PEPCA, al tomar control sobre la empresa detectaron cuentas bancarias vacías pero con un elevado movimiento millonario constante. Los fondos eran transferidos rápidamente mediante lavado de activos hacia cuentas vinculadas a José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y su otra compañía, Aurix S.A.S.
Por esta razón, las incautaciones materiales realizadas por el Estado Dominicano en este caso no comprenden activos propios de PagoRD Xchange; más bien corresponden a propiedades lujosas y bienes valiosos adquiridos con dinero proveniente de las licencias, los cuales el Ministerio Público mantiene bajo secuestro judicial para su eventual decomiso.
Ahora, ante la proximidad del juicio final que podría derivar en su disolución forzosa y confiscación total de sus fondos, la empresa rompe su silencio justificando su prolongada ausencia y revelando su compleja estructura transaccional: el 99.99% de las acciones de PagoRD Exchange pertenece a la sociedad Xchange 1Way, radicada en Orlando, cuyo director general era Richard (Richie) Harney, recientemente fallecido en Dublín.
El argumento legal tras su prolongada ausencia quedó patente en un comunicado oficial emitido ayer lunes 9 de noviembre por PagoRD Xchange. En él no solo notificaron formalmente el inesperado fallecimiento de Richard Harney en Irlanda sino que usaron esta circunstancia para justificar que la empresa está en un completo “limbo administrativo” debido a la falta de interlocutor con su socia mayoritaria en Dublín (Xchange 1Way) y a que todos sus fondos permanecen inmovilizados por los embargos decretados por la PEPCA. Alegan carecer así de capacidad operativa para otorgar un poder legal válido dentro de República Dominicana.
Anunciaron que en la audiencia prevista para hoy solicitarán al tribunal una extensión de 15 días para reorganizar su estructura o bien pedirán que se les asigne un defensor público.
Un recordatorio a PagoRD Xchange
La solicitud de esta empresa para contar con defensor público reaviva un conflicto institucional reciente ocurrido también en el caso INTRANT durante septiembre pasado. En esa ocasión, las juezas del Tercer Tribunal Colegiado ordenaron a la Oficina Nacional de la Defensoría Pública (ONDP) asumir la defensa técnica de Inprosol SRL, otra coimputada que también estaba sin representación legal dentro del proceso.
El director de la ONDP, Rodolfo Valentín, rechazó inmediatamente esta orden judicial mediante una resolución interna que prohibía a los defensores públicos asistir legalmente a empresas privadas. Su argumento fue estrictamente constitucional: el servicio estatal gratuito está diseñado exclusivamente para garantizar el derecho a defensa de personas físicas con escasos recursos…
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