Fuente: Llennis Jiménez/llennis_jimenez@hoy.com.do
Los familiares del niño Manuel Alejandro Feliz González desmintieron ayer que los dueños del Centro Cristiano Jaret, ubicado en Los Alcarrizos, se hayan comunicado con el padre del menor.
Francisco Leonardo, director de Protección y Restitución del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani), informó que la Ley 136-03, que protege a los menores, podría ser modificada para incluir estándares generales sobre el funcionamiento de centros privados dirigidos a la infancia, sin importar la naturaleza de los servicios que ofrecen.
El especialista en esta legislación explicó a Hoy que la propuesta de reforma busca fortalecer los mecanismos de control y supervisión que Conani podrá ejercer sobre los proveedores privados de servicios.
La iniciativa pretende establecer una regulación estricta con consecuencias para las faltas cometidas por centros privados o servicios bajo la competencia de Conani, tales como guarderías, centros integrales para la primera infancia y centros ambulatorios de atención infantil durante el tiempo en que los padres trabajan o estudian.
Además, destacó que el personal docente y administrativo de las instituciones educativas está obligado a garantizar la protección de niños y adolescentes dentro de sus instalaciones.
Señaló que, ante cualquier incidente relacionado con la protección infantil, vulneración de derechos o agresión física o moral hacia los menores, el personal debe denunciar estos hechos ante el Ministerio Público, la Policía Nacional o las oficinas municipales territoriales del Consejo para la Niñez y la Adolescencia. Asimismo, adelantó que se trabaja en la reforma de la Ley 136-03 de la República Dominicana, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Indicó también que dicha ley obliga a los docentes a asegurar que los menores disfruten del proceso educativo sin discriminación alguna y se desarrollen en condiciones adecuadas.
Sobre fallecimientos infantiles en centros
Francisco Leonardo calificó como dolorosa la muerte de niños por accidentes ocurridos en centros educativos o de atención. "La pérdida de cualquier vida humana es lamentable y representa una tragedia para la sociedad y las familias afectadas, siendo aún más doloroso cuando se trata de un niño, niña o adolescente".
Regulación del MINERD en colegios
El abogado Leonardo afirmó que tanto la Ley General de Educación (Ley 66-97) como el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establecen normas para proteger a los niños en las escuelas públicas. No obstante, aclaró que corresponde al Ministerio de Educación (MINERD) fijar los estándares para la protección infantil en centros educativos privados.
Explicó que quienes deseen ofrecer servicios educativos privados deben obtener la habilitación correspondiente ante el MINERD.
Sin embargo, subrayó que si un centro privado brinda otros servicios dirigidos a niños, también debe gestionar su aprobación ante Conani, ya que esta entidad establece los estándares bajo los cuales deben operar todos los programas y servicios enfocados a esta población.
Actualmente, la Ley 136-03 enfatiza la obligación de registrar ante Conani a las asociaciones sin fines lucrativos que reciben fondos públicos para administrar estos centros.
Motivo detrás de la reforma legal
Leonardo señaló que muchos centros privados autogestionados que atienden a menores sin contar con presupuesto estatal no han cumplido con registrarse en Conani, lo cual representa una laguna normativa conocida por las autoridades. Por ello, adelantó al periódico Hoy que este aspecto será abordado en la reforma vigente a la Ley 136-03.
Posible acción judicial
Familiares de Manuel Alejandro Feliz González, el niño de cuatro años fallecido tras un supuesto accidente mientras jugaba en un tobogán con otros menores en el Centro Educativo Jaret —dato aún no confirmado oficialmente— informaron ayer a Hoy que otorgarán esta semana un plazo firme a los propietarios del centro para que les expliquen lo ocurrido. De no recibir una respuesta satisfactoria irán por vía judicial.
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