Fuente: Diego Petersen/diego_petersen@informador.mx
De los cuatro integrantes de la familia Taddei en la 4T, Guadalupe y sus tres hijos (Rogelio, Francisco y Fernando Pineda Taddei) ya no permanecen en ningún cargo. Existen otros siete familiares de la ex presidenta del INE desempeñándose en distintos puestos que, por supuesto, no deben ser responsabilizados por las acciones de su pariente. Algunos habrán accedido a esos cargos mediante influencias (recordemos que en la 4T el nepotismo fue eliminado por decreto; lo que persiste es el favoritismo y la presencia de clanes familiares), aunque merecen el beneficio de la duda.
Todos ellos han sido destituidos por el mismo sistema que los promovió. Hasta ahora, la expulsión ha sido mediática, no legal. La sanción jurídica llegará cuando la Presidenta lo estime necesario y conveniente. Como sucede en todo régimen autoritario, el mayor castigo es quedar del lado equivocado de la historia. Nadie ha presentado cargos judiciales contra Guadalupe Taddei; se le acusa de traición. Los Taddei fueron echados del paraíso de la 4T y relegados al infierno de la oposición, ese espacio donde habitan quienes dudan, cuestionan, no aplauden o se oponen a las decisiones de la presidenta en turno o del líder moral. Solo un morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha señalado que la ex presidenta del INE merece prisión por corrupción; los demás siguen un libreto impuesto desde Palacio Nacional que limita las responsabilidades al pasado y condena a la compañera caída.
Como ha ocurrido repetidamente con el gobierno obradorista, la respuesta propuesta frente a la corrupción no es castigar a los culpables, sino destruir las instituciones. El mismo patrón se aplicó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Seguro Popular y al Poder Judicial. Ninguno de los acusados por corrupción está preso; las verdaderas derrotadas fueron las instituciones, es decir, los ciudadanos.
Lo que viene para el INE es una reforma que la Presidenta Sheinbaum ya está preparando con entusiasmo, en la cual varios temas importantes, como la credencialización y la impresión del material electoral, pasarán a manos de la Secretaría de Gobernación. Nuevamente, se argumentará que esto generará ahorros, cuando simplemente se transferirá presupuesto y responsabilidad a otra dependencia.
No debe olvidarse que el conflicto entre el INE dirigido por Lorenzo Córdova y el presidente López Obrador comenzó cuando el instituto se negó a entregar el Registro Nacional de Electores a la estructura gubernamental. Lo que está en juego no es solo el retorno a esa "democracia dirigida" propia del PRI, sino también el control que una Secretaría de Gobernación con acceso a datos personales podría tener sobre los ciudadanos.
La supervivencia de una democracia imperfecta pero con posibilidad de alternancia será lo que estará en juego en las elecciones de 2027. Es verdad que los partidos opositores tienen grandes deficiencias, pero solo un equilibrio real de poderes permitirá que la democracia tenga nuevas oportunidades.
Agregar Comentario