Fuente: Hoy Digital
Destacan que el artículo 255 tiene una relevancia especial al establecer que la misión de la Policía Nacional es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, así como garantizar el libre ejercicio de sus derechos.
La Coalición de Organizaciones Sociales Podemos condena las ejecuciones realizadas por la Policía Nacional y solicita interpelar al jefe de dicha institución, debido a la preocupación por el elevado número de muertes ocurridas bajo esta modalidad contra presuntos criminales.
Asimismo, lamenta la violación sistemática de varias disposiciones de la Constitución de la República y de normas internacionales a las que el país está adherido, entre ellas los artículos 37, que consagra el derecho a la vida y prohíbe la pena capital.
“El artículo 38 establece la obligación del Estado de respetar y proteger la vida, prohibiendo la pena de muerte; el 42 garantiza el derecho a la integridad personal y prohíbe torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; mientras que el 69 asegura el debido proceso, presume la inocencia, y otorga el derecho a la defensa y a ser juzgado por un tribunal competente”, señala en un comunicado la organización liderada por Silvia Soto.
Por otro lado, subraya que el artículo 255 reviste especial importancia al definir que la función de la Policía Nacional es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, además de asegurar el libre ejercicio de sus derechos.
“En relación con los tratados internacionales, las ejecuciones efectuadas por la Policía Nacional vulneran la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que en su artículo 4 establece la obligatoriedad del derecho a la vida; en el 5, el respeto a la integridad personal; en el 8, las garantías judiciales; y en el 25, la protección judicial”, indicó la Coalición Podemos.
También criticó que se infringen los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley (1990).
La organización expresó que entre 2024 y 2025 han perdido la vida aproximadamente 5,000 personas (jóvenes entre 18 y 30 años), más del 80% en supuestos intercambios de disparos. Citó como ejemplos que en 2004 fueron ejecutadas 360 personas; en 2005: 437; en 2006: 295; en 2007: 345; en 2008: 455; en 2009: 346; en 2010: 260; en 2011: 289; en 2012: 236; en 2013:169; en 2014:209; en 2015:193; en 2016:168; en 2017:140; en 2018:162; en 2019:103; en 2020:80; en 2021:77; en 2022:139; en 2023:178; en 2024:227 y en enero-mayo de este año:187.
Reconocen que existe desesperación y malestar ciudadano ante el alto nivel de inseguridad real y percibida en el país, y reconocen que las personas tienen derecho a que se garantice su vida y patrimonio.
Sin embargo, consideran que ejecutar a supuestos delincuentes, más del 90% entre los 18 y los 30 años, es comparable a intentar secar un piso con una llave abierta. Estos individuos son solo actores dentro de un sistema deteriorado, caracterizado por pobreza y carencias, ausencia de estructuras familiares que inculquen valores y supervisen.
Denuncian una Policía corrupta que se asocia con estos jóvenes para beneficiarse del mismo sistema criminal que debería combatir. Cuando estos presuntos delincuentes dejan de ser útiles o amenazan su impunidad, son ejecutados. Además, fiscales corruptos garantizan dicha impunidad.
Señalan que todo esto evidencia un sistema fracturado que debe repararse pieza por pieza mediante la creación de más oportunidades para los jóvenes, fomentando responsabilidades familiares y valores, así como combatiendo la corrupción presente tanto en la Policía Nacional como en la Fiscalía.
Finalmente destacaron la importancia de no permitir que continúen enfrentándose problemas sociales o anomalías dentro del sistema que debiliten la democracia. Advierten que esto podría llevar a ser víctimas de la “teoría de la ventana rota”, fenómeno que ocurre cuando una sociedad tolera o permite situaciones anómalas —como tratar de frenar la delincuencia mediante ejecuciones extrajudiciales— acción respaldada aparentemente por una mayoría poblacional. Sin embargo, corren el riesgo de normalizar cada vez más distorsiones que podrían poner en peligro la estabilidad social.
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