Fuente: John Fritze/john_fritze@cnnespanol.cnn.com
La Corte Suprema decidió el viernes evaluar si el presidente Donald Trump puede prohibir de manera absoluta que los migrantes que arriban a la frontera con México soliciten asilo, preparando así el escenario para discutir otra política controvertida que la Casa Blanca considera esencial para su plan antiinmigración.
Es altamente probable que la apelación se escuche a comienzos del próximo año y que se resuelva antes de julio.
Este caso se suma a una agenda de la Corte Suprema ya saturada con políticas migratorias estrictas impulsadas por Trump, entre ellas las referidas a la expulsión de migrantes hacia países sin vínculos y la medida de someter a ciertos migrantes a detención obligatoria.
Trump firmó esta proclamación en su primer día de regreso al cargo, suspendiendo la entrada de migrantes "involucrados en la invasión a través de la frontera sur". El documento limitaba específicamente la posibilidad de que los migrantes invocaran las protecciones de asilo contempladas en la ley federal "hasta que yo determine que la invasión en la frontera sur ha cesado".
El presidente ha sostenido que las personas que cruzan ilegalmente la frontera solicitan asilo como un método para retrasar su deportación, dado que resolver una solicitud de asilo puede tardar años y el solicitante suele ser liberado en Estados Unidos mientras se procesa el caso.
No obstante, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso, autoriza expresamente a los migrantes a pedir asilo, aunque deja en manos de los funcionarios administrativos la decisión sobre otorgarles refugio seguro. Trece personas y tres organizaciones defensoras de derechos inmigratorios impugnaron la política de Trump el año pasado.
En abril, un tribunal federal de apelaciones confirmó el fallo de un tribunal de distrito que determinó que la medida del gobierno violaba la INA. Sin embargo, esa corte suspendió la ejecución del fallo, permitiendo que el Gobierno continuara aplicando la política mientras tramitaba su apelación.
"Impedir que extranjeros presentes físicamente en Estados Unidos soliciten asilo y —si cumplen legalmente los requisitos— se evalúe su concesión, es incompatible con la ley", escribió la jueza Michelle Childs, nombrada para ese tribunal por el expresidente Joe Biden.
El procurador general D. John Sauer, principal abogado de apelaciones del gobierno, describió las medidas sobre asilo como una política "fundamental" y su cambio "más efectivo" para "resolver una crisis fronteriza".
El recurso también citó al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien afirmó que uno de los "principales imanes" para esa oleada de extranjeros era el "asilo".
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