Fuente: Listin diario
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, comunicó la reactivación de este modelo.
La puesta en marcha nuevamente de los tribunales móviles se sitúa entre las propuestas del Poder Judicial para afrontar uno de los problemas más persistentes del sistema penitenciario dominicano: el elevado número de personas privadas de libertad bajo prisión preventiva y la acumulación de procesos judiciales pendientes de resolución.
Justiniano Montero, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, señaló que esta modalidad forma parte de las iniciativas orientadas a transformar la administración de justicia y contribuir a descongestionar los centros penitenciarios con mayores niveles de hacinamiento.
La propuesta consiste en llevar la actividad jurisdiccional directamente a los recintos carcelarios a través de tribunales instalados en vehículos acondicionados para celebrar audiencias, con la participación de jueces, fiscales, abogados defensores y representantes de la Defensa Pública.
El objetivo es minimizar las dificultades derivadas del traslado de los privados de libertad desde las cárceles hacia los palacios de justicia, una operación que implica retos en transporte, coordinación, seguridad y disponibilidad del personal.
Estos obstáculos, sumados a problemas en notificaciones y organización procesal, pueden generar aplazamientos que prolongan la prisión preventiva sin que los casos reciban una respuesta judicial adecuada y oportuna.
Montero explicó que la reactivación del modelo se llevará a cabo mediante una coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, instituciones encargadas de organizar y conducir las audiencias.
Un modelo que busca acercar la justicia
La iniciativa no es novedosa. La creación de tribunales móviles fue establecida por el Consejo del Poder Judicial mediante la resolución 5-2018, emitida en 2018, ante la preocupación por el aumento de la población penitenciaria en situación preventiva.
Este mecanismo fue diseñado para que los jueces de Instrucción pudieran conocer ciertos procesos directamente dentro de los recintos carcelarios, evitando que las dificultades para trasladar a los internos obstaculizaran la continuidad de los procedimientos.
Según los criterios fijados para este plan, las audiencias preliminares estarían destinadas a casos donde los imputados tuvieran una acusación formal del Ministerio Público, estuvieran recluidos en el recinto donde funcione el tribunal móvil y la víctima fuera el Estado dominicano.
Los procesos que requirieran la presencia de víctimas no serían incluidos en estas audiencias preliminares.
Por lo tanto, la selección de casos no abarcaría todos los expedientes indiscriminadamente, sino únicamente aquellos que cumplieran con las condiciones establecidas para esta modalidad.
El esquema prevé que las audiencias se desarrollen entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., con posibilidad de extenderse según las necesidades del servicio.
Los jueces trabajarían acompañados por sus secretarios y el personal asignado al tribunal móvil, coordinando con los alcaldes penitenciarios y responsables de seguridad.
Estos últimos se encargarían del traslado interno de los privados desde sus áreas hacia los vehículos donde se celebrarían las audiencias.
En cada proceso participarían representantes del Ministerio Público correspondiente, imputados, sus abogados particulares y defensores públicos según corresponda la representación legal.
La modalidad busca permitir que las diligencias judiciales se realicen sin depender constantemente del traslado físico de internos a tribunales convencionales, lo cual también reduce las operaciones de seguridad asociadas a movilizar grupos penitenciarios.
Recintos contemplados
La propuesta incluye el funcionamiento de tribunales móviles en diversos centros penitenciarios del país, entre ellos La Victoria y Najayo, la cárcel pública número 15 en Azua y establecimientos ubicados en departamentos judiciales como Independencia, San Francisco de Macorís, Santiago, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.
La selección responde al objetivo de llevar la actividad judicial a prisiones donde el volumen significativo de internos y las dificultades operativas hacen necesario buscar mecanismos para agilizar el conocimiento procesal.
La prisión preventiva y el reto de descongestionar el sistema
La reactivación de tribunales móviles responde a una problemática mayor que excede aspectos infraestructura: el elevado número de personas privadas de libertad mientras esperan avanzar sus procesos judiciales.
Aunque la prisión preventiva es una medida coercitiva sujeta a condiciones legales específicas, su extensión debido a aplazamientos y dificultades procesales representa un desafío para el sistema judicial.
En este marco, el modelo pretende regularizar casos acumulados por retrasos operativos, especialmente aquellos asociados a problemas en traslados internos o notificación adecuada.
Asimismo, busca optimizar el tiempo disponible para jueces y demás actores al permitir que las audiencias se realicen dentro mismo de los recintos penitenciarios.
Una iniciativa dentro de una reforma más amplia
La reactivación fue presentada por Justiniano Montero junto con otras medidas orientadas a transformar la administración judicial.
Entre ellas destacan una propuesta para un pacto interinstitucional contra la corrupción y cambios en el sistema disciplinario judicial.
Con los tribunales móviles, el Poder Judicial apunta a superar uno de los retos que afectan la justicia penal: la distancia entre centros penitenciarios y órganos jurisdiccionales así como las complicaciones derivadas para garantizar un trámite oportuno.
El desafío será asegurar su funcionamiento sostenido mediante coordinación institucional, suficiente personal, condiciones adecuadas para audiencias y respeto pleno a garantías procesales.
El éxito dependerá en gran medida en que esta modalidad no solo traslade físicamente los estrados sino que contribuya efectivamente a disminuir retrasos y ofrecer respuestas judiciales oportunas a quienes están bajo prisión preventiva.
Tribunales móviles realizaron más de 1,200 audiencias preliminares durante su primer año
Los tribunales móviles instalados en La Victoria y Najayo celebraron un total de 1,264 audiencias preliminares durante 2018 como parte del plan piloto impulsado por el Consejo del Poder Judicial para disminuir la población en prisión preventiva.
Las estadísticas publicadas ese año muestran que esta iniciativa permitió avanzar cientos de procesos directamente desde los recintos carcelarios, evitando inconvenientes propios del traslado hasta palacios judiciales.
Al cierre del 2018 se reportaron 867 procesos judiciales concluidos junto con 125 solicitudes administrativas finalizadas en fase instructiva dentro de estos tribunales móviles situados en La Victoria y Najayo-Hombres.
Los datos reflejan el ritmo alcanzado durante sus primeros meses. Para junio 29 del 2018, el juez responsable en La Victoria celebraba entre 50 y 60 audiencias preliminares semanalmente.
Para julio 4 del mismo año se había registrado un total conjunto previo al pico inicial: 396 audiencias preliminares celebradas en ambos recintos penitenciarios.
Para septiembre 3 esa cifra ascendió a 1,264 audiencias conocidas en ambas instalaciones carcelarias.
Al finalizar diciembre se informaba sobre 867 procesos judiciales junto con 125 solicitudes administrativas finalizadas durante instrucción.
El programa fue diseñado para enfrentar el crecimiento penitenciario preventivo agilizando expedientes mediante audiencias dentro mismo del penal.
Estos datos constituyen antecedentes importantes para la iniciativa que ahora busca reactivar Justiniano Montero como parte integral para descongestionar cárceles y reducir demoras judiciales.
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