Fuente: Hoy Digital
El Ministerio Público acusa a Marvin Dariel Acosta por delitos de suplantación de identidad y amenazas
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A petición del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó medidas coercitivas contra un hombre investigado por amenazar a un embajador dominicano utilizando perfiles falsos en redes sociales.
A Marvin Dariel Acosta se le impuso una garantía económica de RD$25 mil mediante contrato de fianza, además de la obligación de presentarse periódicamente durante seis meses ante la autoridad investigadora, debido a los hechos cometidos contra Bartolomé Pujals, embajador de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Acosta, de 24 años, fue detenido en su residencia en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, tras cumplirse la orden judicial No. 2026-AJ0083675.
La Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por medio de su División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI), identificaron al acusado como responsable de enviar las amenazas contra el embajador a través de las redes sociales.
Durante las pesquisas, se detectaron mensajes amenazantes con frases como: "¡Cuídese, que voy por usted, es su cabeza que quiero!" y "¡Ya le llegó su hora!".
La jueza Cecilia Toribio fue quien dictó las medidas coercitivas.
El acusado declaró que no conocía personalmente al embajador a quien amenazó.
Luego de su detención, el Ministerio Público procedió a someterlo a la justicia y solicitó la aplicación de las medidas contenidas en los artículos 226-1, 3 y 4, que incluyen garantía económica, sometimiento a vigilancia o cuidado por parte de una persona o institución determinada y presentación periódica.
El caso fue calificado provisionalmente por el Ministerio Público como violación al artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, referente a la suplantación de identidad, así como a los artículos 305 y 306 del Código Penal Dominicano que sancionan la amenaza.
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