Fuente: Listin diario
El miércoles, el Parlamento de Suecia dio luz verde a una reforma constitucional que autoriza la revocación de la ciudadanía a individuos con doble nacionalidad. La modificación de la Carta Magna aprobada permite la creación de leyes para retirar la nacionalidad sueca a personas con doble pasaporte si la obtuvieron mediante información falsa o si han sido condenadas por delitos que afecten gravemente los "intereses vitales" de Suecia.
El gobierno saliente de centroderecha, liderado por el primer ministro Ulf Kristersson y apoyado en el Parlamento por los Demócratas de Suecia —un partido de extrema derecha opuesto a la inmigración— anunció el año pasado que evaluaba distintas vías para retirar la ciudadanía a quienes tengan doble nacionalidad y hayan sido condenados por crímenes vinculados al crimen organizado y las pandillas.
Para llevar a cabo esta medida era imprescindible reformar la Constitución, un proceso que requiere dos votaciones parlamentarias separadas por elecciones. La sesión del miércoles fue la segunda, con 292 votos a favor y 51 en contra. No obstante, debido a unas elecciones sin resultados definitivos, corresponderá al próximo gobierno presentar un proyecto legislativo para su implementación.
Retirar la ciudadanía "debilita la integración sin mejorar la seguridad", alerta un experto en migración, etnicidad y sociedad
¿Es posible que un Estado anule la nacionalidad de sus propios ciudadanos? Esta cuestión ha ganado protagonismo conforme las democracias liberales occidentales han adoptado medidas para revocar la ciudadanía por mala conducta o deslealtad, bajo el supuesto objetivo de reducir la amenaza terrorista.
La revocación de la nacionalidad sueca a personas con doble ciudadanía genera riesgos para sus derechos, su sentido de pertenencia y su seguridad, advierte Anders Neergaard, sociólogo e investigador del Instituto de Migración, Etnicidad y Sociedad en la Universidad sueca de Linköping.
“Retirar la nacionalidad puede provocar una división entre quienes sólo tienen pasaporte sueco y quienes cuentan con uno sueco y otro adicional. Por un mismo delito, el primero podría ir a prisión mientras que el segundo va a prisión y luego pierde su ciudadanía sueca”, explica en una entrevista con RFI.
La nacionalidad constituye una base sólida para el sentido de pertenencia
El investigador destaca que contar con la ciudadanía otorga seguridad que facilita la integración al país: “Las personas tienen más oportunidades laborales, son más activas en la sociedad civil, votan y participan más políticamente”.
Ese sentido de pertenencia genera un sentimiento de seguridad que se pierde cuando alguien vive con temor a ser expulsado en cualquier momento.
“Protección constitucional en peligro”
Neergaard señala como especialmente delicado que la aplicación de esta reforma constitucional dependa de leyes aprobadas por mayoría simple en el Parlamento. Según él, esto abriría espacio para ampliar arbitrariamente los delitos que podrían motivar la revocación de la ciudadanía. Además, recuerda que líderes de Los Demócratas de Suecia ya han expresado su intención de extender esas condiciones dentro del marco constitucional.
“En los últimos cuatro años hemos tenido un gobierno que, con el apoyo de ese partido, ha aprobado numerosas leyes racistas —término que uso en mi investigación; otros prefieren llamarlas discriminatorias— contra migrantes y personas que no parecen suecas”, afirma.
Consultado por RFI sobre si está en riesgo la protección constitucional, Neergaard responde afirmativamente y califica estas políticas como generadoras de una “precariedad en la ciudadanía”. La persona a quien se le quite la nacionalidad sueca experimentará un sentido de pertenencia mucho más frágil e inseguro, advierte el experto. “Esto tiene consecuencias importantes para su familia, sus hijos y su comunidad. También impacta negativamente a Suecia en su conjunto”, lamenta.
Efecto contrario al esperado: ni expulsión ni pérdida real de peligrosidad
El argumento principal detrás del respaldo a esta reforma constitucional es la promesa de mayor seguridad. Sin embargo, surge la duda sobre si quitarle la nacionalidad hace realmente menos peligrosa a una persona.
Al respecto, el especialista señala: “La investigación es bastante clara: un simple cambio formal en la ciudadanía no funciona así (…) Algunos estudios indican que las fuerzas policiales antiterroristas muestran escepticismo ante esta reforma porque, basado en el derecho internacional, muchas veces no es posible expulsar a las personas dado que podrían enfrentar tortura o incluso muerte en otro país”.
Por ello puede ocurrir lo contrario: “Quitarles la ciudadanía puede hacer que estas personas vivan fuera del control social y gubernamental y dificulte supervisar adecuadamente a individuos potencialmente peligrosos”, concluye Neergaard.
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