Economicas

Persiste debate sobre distribución de bolsas plásticas de un solo uso

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A menos de un mes para la implementación de la restricción, las autoridades no han informado sobre alguna solicitud para posponer la medida aprobada el año pasado.

Fuente: Odalis Mejía/odalis_mejia@hoy.com.do

A menos de un mes para la implementación de la restricción, las autoridades no han informado sobre alguna solicitud para posponer la medida aprobada el año pasado.

El 15 de diciembre próximo entrará en vigor la prohibición de entregar gratuitamente fundas plásticas de un solo uso en los comercios, conforme a la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Mientras sectores comerciales e industriales buscan aplazar esta regulación, ambientalistas insisten en que no debe postergarse debido a su impacto positivo en el medio ambiente.

Esta ley fue promulgada el 15 de diciembre del año anterior y, en su artículo 27, modifica el numeral 2 del artículo 172 de la Ley 225-20, estableciendo un plazo de doce meses para prohibir por completo la entrega gratuita de bolsas plásticas de un solo uso.

El Ministerio de Medio Ambiente ha recibido solicitudes del sector comercial para posponer la aplicación de esta medida; sin embargo, aún no ha emitido respuesta alguna.

Controversias

Aunque la ley representa un avance ambiental, persisten controversias relacionadas con aspectos de comercialización, inventarios, educación y certificaciones.

Por ejemplo, la normativa prohíbe únicamente la entrega gratuita de plásticos, por lo que los comercios podrán venderlos, pese a que antes los incluían como parte del costo del producto. Asimismo, está pendiente el proceso de certificación de biodegradabilidad para estos plásticos, que corresponde al Instituto Dominicano de la Calidad (Indocal) y al Ministerio de Medio Ambiente.

También existe una resistencia cultural entre los consumidores dominicanos, quienes consideran esencial recibir la funda al realizar una compra. Hasta ahora no se ha observado una campaña masiva que oriente y eduque a los clientes para que utilicen bolsas reutilizables o adquieran alternativas ofrecidas por los comercios.

Además, el intenso movimiento comercial durante el período navideño es otro argumento empleado para solicitar la prórroga en la implementación.

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Compromiso estatal

En este sentido, el reconocido ambientalista Luis Carvajal afirmó que esta es una medida que el Estado debe implementar obligatoriamente, dado que en el país se generan más de 400 mil toneladas anuales de residuos plásticos, equivalentes a casi 38 kilogramos por persona; entre el 60 y 80 por ciento termina en cuerpos de agua, vertederos o imbornales.

"Esta medida aliviará el drenaje urbano y reducirá la presión sobre las cuencas hidrográficas; además, protege activamente a la principal actividad económica del país: el turismo. También fomentará una economía alternativa", expresó Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Indicó que se busca una acción efectiva y no cosmética, tardía o insuficiente; y que la solución no debe ser privatizar este esquema. Sin embargo, criticó que permitir la venta de bolsas plásticas mientras se prohíbe su entrega gratuita no limita efectivamente su uso.

"La intención debería ser prohibir completamente el plástico; lo relativo a la entrega gratuita es un elemento innecesario en la ley: hay que prohibir su fabricación e importación, no solo su distribución gratuita", destacó Carvajal.

Lamentó además que el país haya demorado seis años complicando y retrasando esta medida; pues cuando se aprobó inicialmente en 2020 ya existía un plazo vencido y luego otro adicional.

Advirtió que hay que desconfiar del plástico biodegradable porque "eso no existe"; y consideró que la única solución real es reducir estrictamente el consumo y reutilizar materiales, evitando cambiar un tipo desechable por otro.

Explicó que la reutilización depende mucho del material y su resistencia; además, los estándares para biodegradabilidad aún no están claramente definidos en el país.

Carvajal considera que se está produciendo una especie de contra reforma destinada a ganar tiempo mediante nuevas revisiones a la Ley 98-25.

Argumentos contrapuestos

Algunos industriales fabricantes de plásticos sostienen que la transición hacia productos biodegradables encarece las materias primas y requiere costosas reconversiones tecnológicas; además señalan que aún no existen laboratorios para certificar su biodegradabilidad.

Otro argumento es que se perderán empleos en manufactura y que esto podría poner al país en desventaja frente a productos importados.

Por su parte, los comerciantes demandan reglas claras para poder adaptarse adecuadamente. En este sentido, la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) reiteró la necesidad de contar con una reglamentación detallada sobre la prohibición de entregar gratuitamente fundas plásticas para conocer las condiciones exactas y realizar los ajustes necesarios.

Jennifer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC, afirmó que durante las conversaciones sostenidas con el Ministerio de Medio Ambiente se ha reconocido la necesidad de disponer tiempo suficiente para sensibilizar a los consumidores y facilitar la adaptación comercial; además, evitar coincidir con la temporada navideña, cuando hay mayor actividad económica.

"No obstante, hasta ahora no contamos con información oficial sobre una posible prórroga. Estamos a la espera de que las autoridades confirmen si habrá aplazamiento y cuál sería la nueva fecha para aplicar esta medida", señaló Troncoso.

Asimismo, aseguró que ONEC apoya el objetivo ambiental pero insiste en que su puesta en marcha debe ser ordenada.

"Desde ONEC respaldamos plenamente el propósito ambiental de esta disposición y ratificamos nuestra disposición a colaborar para lograr una implementación ordenada, con reglas claras e información oportuna para todos los involucrados", concluyó.

Nuevas prohibiciones en ley de residuos

La Ley 98-25 también prohíbe desde mediados de diciembre de 2026 la comercialización de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas plásticas que carezcan de certificación biodegradable. No se conocen públicamente avances sobre este proceso hasta el momento.

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