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Fallas en la lucha contra las bandas en Haití entre falta de estrategia y liderazgo extranjero

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Los bajos salarios y la escasa protección personal suelen dejar a los policías vulnerables a estas presiones, apuntó.

Fuente: Agencia EFE/agencia_efe@hoy.com.do

Haití carece de un "plan estratégico" para combatir a las bandas armadas y, en gran medida, las prioridades en esta lucha son definidas por intereses extranjeros, incluidos los del presidente salvadoreño Nayib Bukele y contratistas estadounidenses, advirtió este martes International Crisis Group.

En el informe titulado 'Una fuerza fragmentada: El complejo de seguridad que combate a las pandillas de Haití', publicado hoy y basado en alrededor de 110 entrevistas realizadas en Puerto Príncipe y a nivel internacional, Crisis Group identificó deficiencias en la lucha contra las pandillas, que controlan gran parte de la capital.

La publicación del informe coincide con otro dado a conocer hoy por la ONU en Ginebra, que reporta al menos 4.595 muertos y 2.050 heridos durante los primeros nueve meses de este año en Haití, donde también se registraron 1.497 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.

¿Quién ejerce el mando?

Crisis Group señaló que, aunque las autoridades haitianas afirman estar al mando de todas las fuerzas nacionales e internacionales y que la función principal de las tropas extranjeras es apoyar a las instituciones locales de seguridad, los motivos detrás de ciertas operaciones han sido poco claros incluso para quienes participan en ellas.

Asimismo, destacó que ante los problemas de coordinación y la preocupación por el riesgo de fuego amigo entre las tropas salvadoreñas —que suman más de 2.000 efectivos sobre el terreno— y el personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, estableció este mes una oficina dedicada a la "resolución de conflictos" entre las distintas fuerzas.

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Esta iniciativa parece representar un primer paso hacia un mayor liderazgo haitiano en las operaciones de seguridad; sin embargo, expertos critican que la lucha contra las pandillas sigue estando mayormente guiada por prioridades marcadas por intereses externos —incluido el presidente Bukele— o contratistas estadounidenses, más que por las autoridades locales, según afirmó la organización.

Para Crisis Group, la ausencia de un "plan estratégico" para erradicar la violencia se debe en parte a la falta de un organismo gubernamental encargado de coordinar esfuerzos para construir un sistema de seguridad sólido y coherente.

Esta carencia ha provocado que las distintas unidades policiales que combaten a las pandillas y actúan en los mismos escenarios sigan frecuentemente directrices operativas diferentes según sus financiadores extranjeros, explicó un asesor especializado en formación policial citado en el informe.

Corrupción

Por otra parte, Crisis Group alertó sobre la "connivencia" con las pandillas presente en todos los niveles policiales, generalmente resultado de la disyuntiva impuesta a los agentes: aceptar sobornos o ser asesinados.

Los bajos salarios y la escasa protección personal suelen dejar a los policías vulnerables a estas presiones, apuntó.

También es relevante la red de relaciones entre pandillas y élites haitianas, que con frecuencia incluye a miembros de la Policía, algunos con altos cargos.

Varios oficiales participan en el tráfico de armas y desvían armamento y municiones desde depósitos policiales para abastecer a grupos criminales.

Otros están implicados en secuestros y utilizan su autoridad para simular arrestos y capturar personas en zonas relativamente seguras donde operan estas bandas.

El informe además advierte que las pandillas se valen de informantes dentro de la Policía —que contaba con no más de 8.000 miembros hasta el año pasado— para sabotear operaciones dirigidas contra ellas.

También existen motivos para preocuparse por la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas; cuya meta es contar con 3.000 soldados entrenados para principios de 2027 y alcanzar los 12.000 a largo plazo, según un acuerdo marco entre Haití y Naciones Unidas.

Adicionalmente, Crisis Group señaló que aunque la Constitución haitiana reconoce únicamente a la Policía y al Ejército como fuerzas de seguridad oficiales, la Brigada para la Seguridad de las Zonas Protegidas (BSAP) ha crecido más rápido que el Ejército y opera ampliamente fuera del control estatal.

Numerosas unidades de esta brigada han sido acusadas de involucrarse en actividades ilegales como contrabando, tráfico de drogas y armas, secuestros y extorsión.

La BSAP comenzó sus operaciones en 2012 para proteger áreas ecológicas vulnerables y cuenta con más de 3.100 miembros; sin embargo, no todos estaban entrenados o armados para el combate según un recuento realizado en 2025 que recoge International Crisis Group.

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