Fuente: Loyda Peña/loyda_pena@hoy.com.do
Las resoluciones relacionadas con la recusación de dos juezas y el pago de RD$7.0 millones a un imputado por la pérdida de un celular fueron postergadas para los días 25 y 26 de noviembre.
Los incidentes procesales y los retrasos en las decisiones de la Corte de Apelación del Distrito Nacional volvieron a afectar ayer el avance de dos de los casos de presunta corrupción más importantes: el caso Calamar y una derivación del caso Camaleón (INTRANT), ambos suspendidos debido a que las instancias superiores aún no han emitido sus fallos correspondientes.
Parálisis en el juicio Calamar
En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el Tercer Tribunal Colegiado no pudo continuar con el juicio de fondo contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros acusados por presuntamente integrar una red que habría defraudado al Estado con más de 19,000 millones.
Las magistradas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez decidieron posponer la audiencia para el miércoles 25 de noviembre, a la espera de que la Corte de Apelación resuelva la recusación presentada contra las dos últimas juezas.
El recurso fue presentado el pasado 11 por el abogado Carlos Mesa, representante legal del imputado Roberto Santiago Moquete Ortiz, quien objetó que el expediente de su cliente fuera separado del proceso principal por razones de salud.
Esta recusación está siendo analizada por la Tercera Sala Penal de la Corte, bajo la presidencia del magistrado Pedro Sánchez Rivera.
Desde el inicio del juicio Calamar el 16 de septiembre, se han registrado tres recusaciones en apenas dos meses, lo que ha limitado que solo dos defensas hayan podido presentar sus alegatos.
RD$7.0 millones por celular
De forma paralela, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación aplazó para el 26 de noviembre la lectura del fallo sobre el recurso mediante el cual el Ministerio Público busca revocar una sanción económica de RD$7,560,000 a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Los magistrados Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás señalaron que no tenían listo el fallo para la audiencia programada para ayer "debido a un retraso en la discusión de la deliberación", por lo que ofrecieron disculpas.
El monto en disputa corresponde a la liquidación de un astreinte ($20,000 diarios) impuesto en julio pasado por la jueza Patricia Padilla, del segundo Juzgado de Instrucción.
Este litigio surgió tras la devolución al imputado en el caso Camaleón —relacionado con la red semafórica— de vehículos de lujo y otros bienes incautados. Sin embargo, no pudieron entregarle un teléfono celular Samsung Galaxy S3 del año 2012, valorado en aproximadamente RD$3,200, argumentando que el aparato se perdió durante el traslado de evidencias. La jueza Padilla consideró injustificada dicha pérdida y ordenó el pago total de la multa.









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