Washington – Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), EEUU ha deportado a más de 145.000 migrantes que llegaron de forma irregular a la frontera con México en los últimos tres meses.
Al mismo tiempo, a 23.000 venezolanos se les ha concedido la libertad condicional humanitaria, lo que eleva a 63.000 el número total de venezolanos que han recibido este beneficio migratorio desde su implementación en octubre de 2022.
El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS), Luis Miranda, ha asegurado este jueves en rueda de prensa telefónica que EEUU sigue “imponiendo consecuencias a personas que no tienen base legal”.
Las nuevas normas impuestas por el Gobierno de Joe Biden en mayo de 2022 dificultan que las personas que llegan por tierra a la frontera con México puedan solicitar asilo en EE.UU., a menos que pidan cita a través de una aplicación móvil o se les deniegue la protección en un tercer país.
A pesar de estas restricciones, Miranda señaló que el número de inmigrantes ilegales está aumentando, ya que “cada vez llegan más familias a la frontera sur de EE.UU., especialmente de países como Guatemala”. El funcionario subrayó que “cada día, más de la mitad de las personas que entran en el país son identificadas como familias”, pero no facilitó datos precisos sobre el número de familias detenidas por las autoridades de inmigración estadounidenses.
Los periódicos locales también informaron de que 130.000 personas fueron detenidas en la frontera con México a principios de mes, lo que supone un aumento de más del 30% en comparación con las 99.545 de junio.
Paralelamente, 63.000 venezolanos han sido aprobados para recibir libertad condicional humanitaria desde octubre de 2022, de los cuales 55.000 ya han viajado a EE UU.
Para reducir el flujo de migrantes que cruzan la frontera sur con México y otros pasos fronterizos peligrosos, en mayo se abrieron centros de procesamiento de migrantes en Colombia y Guatemala, donde, según los informes, se atiende a 19.000 personas.
Estas instalaciones, gestionadas por organizaciones como el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), procesan al menos entre 5.000 y 6.000 migrantes al mes. Miranda también reveló que 3.800 personas de las fuerzas de seguridad de ambos países participaron en una campaña policial trilateral en la selva del Darién en colaboración con Colombia y Panamá para combatir la migración ilegal.
La subsecretaria de Población, Refugiados y Migración (PRM), Marta Yus, dijo que el Gobierno panameño recibió 18 millones de dólares en asistencia humanitaria en el ejercicio 2022 para atender las necesidades básicas de los desplazados que cruzaron esta peligrosa frontera, en momentos en que al menos 30 migrantes murieron o desaparecieron. Afirmó que.
