CIUDAD DE MÉXICO – En medio de la polémica entre los poderes Ejecutivo y Judicial, el ministro Luis María Aguilar Morales anunció un proyecto para abrir la posibilidad de destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El proyecto de ley, con número de expediente 386/2023, iba a ser discutido en el pleno el miércoles 23 de agosto, pero el propio ponente solicitó que fuera retirado.
El proyecto de ley se originó a partir de un amparo promovido por la magistrada María Bárbara Templos Vázquez, quien se desempeñó durante 10 años en la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), hasta julio de 2021.
El Tribunal inició un procedimiento para prorrogar su mandato antes de que expirara y presentó una propuesta al Presidente López Obrador. Sin embargo, el mandatario no respondió.
Ante este escenario, el juez promovió un amparo y acusó al Ejecutivo federal de inacción.
El Juez Primero de Distrito del Noveno Centro Auxiliar Regional del Estado de Zacatecas solicitó al magistrado conceder el amparo, al considerar que la participación del mandatario federal en el proceso de evaluación referido es «esencialmente obligatoria» y permitir que María Bárbara Templos Vázquez continúe en el cargo.
La propuesta presentada por Luis María Aguilar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recupera un fragmento de la Ley de Amparo, que establece que las autoridades judiciales tienen la facultad de ordenar a la autoridad responsable o ‘superior jerárquico’ el cumplimiento de la sentencia, en este caso el amparo otorgado a la magistrada María Bárbara Templos Vázquez. La ley establece que el Presidente de la República será el Presidente de la República.
La ley hace una excepción para el Presidente de la República, quien «no puede ser considerado como autoridad responsable», pero esta distinción no se encuentra en la Constitución Política, que es la ley suprema del país.
Teniendo en cuenta esto, el Ministro Aguilar propuso una interpretación del Artículo 107 de la Constitución. El artículo 107 constitucional establece que si una autoridad no cumple con una sentencia dictada en amparo, o excede el plazo otorgado para su cumplimiento, el Ministerio de Justicia «tomará las medidas para destituir al titular de la autoridad responsable y llevarlo ante un juez de distrito».
Hasta el momento de este anuncio, no se ha explicado por qué el ministro decidió retirar su proyecto del asunto que será analizado por el tribunal de segunda instancia. — ‘Infobae y el Grupo Megamedia’.
