CIUDAD DE MÉXICO (Proceso) – Antes de que se le juzgara formalmente por el asesinato del periodista Manuel Buendía, las autoridades ya tenían preparados otros cargos contra el ahora fallecido ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), José Antonio Zorrilla Pérez, quien fue se habían preparado cargos.
El expediente contenía un informe sobre una orden de registro del domicilio de Zorrilla Pérez (Paseo de la Reforma, 2570, habitación 79), donde fue detenido el 14 de junio de 1989.
Allí, las autoridades se incautaron de documentos relativos a propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, inversiones y cajas de seguridad en diversos bancos nacionales e internacionales, así como acciones de varias empresas en las que figuraba como socio principal.
Las autoridades señalaron que Zorrilla podría haber estado preparando su huida en caso de que fuera detenido por el asesinato de Buendía desde 1988.
En un informe del 18 de junio de 1989, la PGJDF señaló que «es evidente que en sus últimos años como funcionario público había amasado una fortuna incalculable, la cual, de no comprobarse la prueba de valuación correspondiente, asciende a miles de millones de pesos.»
Con estas pruebas, la PGJDF consideró que la situación patrimonial y financiera de Zorrilla Pérez no correspondía al sueldo oficial que había devengado durante todo el periodo en que fue funcionario público.
La PGJDF señaló que «la extensa relación de bienes a nombre de Zorrilla Pérez y de su esposa, Marisela Rubalcaba de Zorrilla, rebasa por mucho los listados en las declaraciones patrimoniales presentadas por el ex titular del Servicio Federal de Seguridad ante la Procuraduría General de la República y la Cámara de Cuentas de la Federación entre 1983 y 1985.»
En 1983, Zorrilla declaró bienes por 3 mil 170 mil pesos en Cuernavaca, Morelos, Hidalgo y la colonia Campestre Churubusco, en la Ciudad de México.
También tenía inversiones por valor de 1.053.300.000 pesos y dos coches, un Ford de 1982 y un Rambler de 1980.
Su esposa, Marisela Rubalcaba, declaró tener propiedades por 1,000,650,000 pesos y un automóvil Ford 1981 en Atizapán de Zaragoza, México, y Cuernavaca, Morelos.
Al año siguiente, Zorrilla declaró ingresos por 4 millones 009 mil 100 pesos, inversiones por 191 mil pesos y dos hipotecas (495 mil pesos) con el Instituto Nacional de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) y Banobras.
En 1985, el ex director de la DFS vendió su casa en el Campestre Churubusco por 7.5 millones de pesos y declaró un sueldo de 4.0246 millones de pesos e intereses por 3.75 millones de pesos.
Sus ingresos del año fueron de 15 millones 059 mil 400 pesos, invirtió 9 millones 007 mil 299 pesos en Banobras, Banco Internacional y Banca Confía, y su deuda con el ISSSTE y Banobras ya era de 305 mil 56 pesos.
En el armario de la habitación donde Zorrilla amenazó con matar a su familia y suicidarse el día de su detención, se encontraron documentos relacionados con sus bienes y los de su esposa en varios maletines. Uno de estos portafolios contenía un documento titulado «Relación de propiedades», en el que se enlistaba una casa en Paseo de la Reforma, fraccionamiento Lomas de las Palmas en el Estado de México. Se enlistaron más de 20 propiedades, entre ellas 13 terrenos; tres terrenos en Colinas del Sur en el Distrito Federal, una casa en Los Tabachines en Cuernavaca, una casa en Teololco 320 en Pedregal de San Ángel, tres terrenos en el fraccionamiento San Juana, un terreno en Paseos de Taxcaña, 1 terreno en Portales, 1 terreno en División del Norte y 1 terreno en Tlalpan.
La lista también incluye condominios en el fraccionamiento Conquistador en Cuernavaca, la zona hotelera de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y la zona residencial de Cancún, Quintana Roo.
También poseía una casa de campo en Abandalo, dos lotes en Pedregal de San Ángel, un lote en un fraccionamiento «de lujo» en Guadalajara, Jalisco; varios lotes en Palmira, Cuernavaca; y propiedades residenciales en Los Limoneros; terrenos en Zapotlán, Hidalgo y Atotonilco Exacienda; dos lotes estabulados en Ajasco (con una extensión de 36,000 metros); dos lotes en Tizayuca, Hidalgo; un lote en Huejutla; y un condominio en Campos Elíseos, zona Polanco de la Ciudad de México.
‘En el extranjero, tenía propiedades en La Jolla, California, Houston y Horseshoe Puday (entre otras)’, detalló el documento en lo que fue asegurado en el cateo al domicilio de Zorrilla.
Según el documento, Zorrilla era socio mayoritario de Constructora e Inmobiliaria Zoma, Grupo Autotransportista Tusac, que incluía 32 empresas, Grupo Agropecuario San José, Bienes Raíces socio y administrador único de Prado Sur.
En otra cartera se encontró una membresía de condominio compartido internacional por 44,734 dólares, adquirida en 1988.
Frost National Bank de San Antonio, Texas; Israel Discount Bank de Nueva York; Bank One de Texas; First National Bank de The Woodlands, Texas; y Deutsche Bank de Munich, Alemania, que depositó aproximadamente 2 millones de marcos alemanes, Bank of Montreal, Canadá; Union National Bank, Laredo; San Diego Federal American Bank of Commerce; Credit Commercial, Francia; Ultimate Bank King; Alamo Bank; y documentos relativos a la cuenta Citibank Preferred Visa. Encontrados.
‘En su maletín se encontraron cheques de viaje por valor de 8.200 dólares y cheques personales en blanco de su cuenta en el Deutsche Bank.
Las autoridades comprobaron que Zorrilla hizo tres depósitos de 500 millones de pesos cada uno entre septiembre y diciembre de 1988 en las cuentas de Banamex, Banco Mail y Banco Mercantil, y otros 350 millones de pesos en este último banco.
En Banco Internacional, Zorrilla tenía una caja de depósito y en Banamex recibió depósitos por aproximadamente 238 millones de pesos a nombre de Moisés Uribe Lopes.
La PGJDF declaró que esto era «para preparar su fuga en caso de que se le compruebe su participación en el homicidio de Manuel Buendía.»
También había un depósito de 35 millones de pesos a nombre de Marisela Rubalcaba y Zorrilla en Bancomer.
‘La Fiscalía analizará el desglose de estos hechos, lo enviará a la Procuraduría General de la República para que investigue y, en su caso, impute a José Antonio Zorrilla Pérez por posibles delitos federales como acumulación ilícita de fondos. Según la declaración de Roberto de Uslar de la Peña, amigo de Zorrilla, fue el encargado de expedirle una cartilla del servicio militar a nombre de Moisés Uribe Lopes, que el ex funcionario utilizó para abrir varias cuentas de cheques en el Banco Nacional de México por 10 y 20 millones de pesos y cuentas para acreditar su capacidad financiera y tratar de obtener una visa de salida.
El expediente de Buendía también contiene otro informe en el que consta que el 16 de junio de 1989, un día antes de que Zorrilla fuera enviado a prisión por el asesinato de un periodista, la PGJ envió parte de su investigación a la Procuraduría General de la República (PGR).
Esto con el fin de que la PGR iniciara una averiguación previa en contra de Zorrilla por los delitos de acopio de armas, portación de armamento del Ejército y de uso privativo de las fuerzas armadas y contrabando de armas y municiones.
Junto con el expediente, la PGJ entregó a la PGR un revólver Colt 357 Magnum, una Smith & Wesson 38 Special, una 38 Special calibre corto sin grabado visible pero registrada a nombre de José Antonio Zorrilla Pérez, y una Pietro Beretta 9mm doble acción, Lama calibre 9mm, y Walther 9mm.
También había escopetas Remington calibre 12, Beretta doble acción vertical calibre 12 y más de 4 mil cartuchos con «alto poder destructivo», entre ellos los de escopetas que podían cortar «cartuchos expansivos y vehículos por la mitad», describió la PGJ.
Acompañada de un dictamen de inspección balística de la Dirección General de Servicios Periciales, la PGJ inició la averiguación previa correspondiente.
