Ciudad de México /SemMéxico – Todas las mujeres procesadas por aborto tienen el beneficio de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero el delito de aborto después de las 12 semanas permanece y no extingue el juicio en automático, pues es del fuero común; probablemente por eso, hasta julio de 2023, hay 2 mil 672 carpetas de investigación por aborto y 937 en los 12 estados donde se despenalizó.
Un experto consultado por SemMéxico lo explica de esta manera. ‘Para liberar a las mujeres que hoy se encuentran en esta situación, sería necesario dar apoyo a los embarazos interrumpidos fuera del ámbito aprobado y entender cada caso.
No hay despenalización absoluta”. La abogada penalista y académica Mireya Toto Gutiérrez dijo a SemMéxico que se debe ofrecer asesoría a más de 2 mil mujeres investigadas o procesadas.
En sólo tres años de esta administración (2020-2023), 90 mujeres al mes, es decir, tres mujeres al día, han sido criminalizadas por abortar, con 937 en los 12 estados donde se puede abortar. De acuerdo con un informe gubernamental, la mayoría de los procesos se ubican en la Ciudad de México, donde hay al menos 630.
De acuerdo con la información más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, donde el aborto sólo se permite por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación, puede ser un delito después de las 12 semanas, por lo que la mayoría de los procesos se han iniciado contra mujeres que interrumpen su embarazo, según la consultora en temas de género y abogada litigante explica la abogada Bárbara García Chávez.
Esto podría cambiar con las últimas sentencias del Supremo Tribunal Judicial del Estado. La pregunta es si estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las beneficiarán de manera retroactiva. Toto Gutiérrez explica que es una posibilidad si así conviene a los intereses de los acusados, como lo establece el artículo 14, párrafo 14 de la Constitución.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizará primero el aborto en septiembre de 2021, no de manera absoluta, sino dentro del marco acordado en la Ciudad de México hace 16 años, así como en septiembre de 2023. Aquí se propone obligar a todas las instituciones competentes a cumplir con la despenalización y no criminalizar a las mujeres en ningún grupo o institución. Y aunque se despenalice el aborto por la vía judicial, muchas leyes penales locales y federales lo siguen penalizando después de las 12 o 13 semanas, como en Sinaloa, explica la abogada Claudia Espinoza Almaguer, titular de la Comisión de Derechos Humanos en San Luis Potosí.
En el entendido de que este delito sigue existiendo y que Amparo de Aguirre no toca la tipificación del delito en el artículo 329 del Código Penal Federal, que no ha cambiado desde 1931, ahora se lucha porque se reconozca que las mujeres ya no deben ser consideradas delincuentes si sus estados permiten el aborto hasta las 12 semanas. La lucha ha comenzado.
Incluso la iniciativa del Senado no menciona el artículo 329, pero propone la derogación de los artículos 332, 336 y 334 del Código Penal Federal.
La inaplicación de los delitos a nivel federal, sin embargo, tendrá que ser llevada a cabo por jueces federales y autoridades administrativas, específicamente personal médico e investigadores de la fiscalía que reciban denuncias de tales actos.
Una vez más, ¿qué se consigue procesando o encarcelando a tantas mujeres? Guadalupe Ramos Ponce (abogada, activista, fundadora e integrante de CLADEM, Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer Latinoamericana y del Caribe) coincidió con el doctor Toto Gutiérrez en que es bueno para las mujeres, pero no se da de manera automática. Recordó que en 2021, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofreció analizar cada caso con la Defensoría de Oficio, sobre todo en lo que se refiere a mujeres en prisión. Hoy, dice, la Defensoría debe informar qué ha hecho por cada caso. Cuántas mujeres deberían ser liberadas o ya lo han sido. Siempre que los procedimientos puedan seguir adelante.
Datos sombríos de la vida real.
En 12 estados del país que garantizan el derecho al aborto hasta la semana 12 de gestación, los abortos se practican sólo por voluntad de la embarazada, mientras se siguen abriendo carpetas de investigación. De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, al menos 2,672 personas están siendo investigadas en todo el país por haber practicado o ayudado a practicar abortos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México hubo 683 carpetas de investigación entre 2015 y agosto de 2023, pese a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en 2007.
En Baja California, el aborto se despenalizó en 2021, pero hay 69 carpetas de investigación; 2022 también fue el año con mayor número de carpetas, con 42. De acuerdo con feministas en el estado, a pesar de la despenalización, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito aún no está plenamente garantizado.
El acceso al aborto está garantizado en el Distrito Federal, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes. En otras regiones existen excepciones, como cuando la vida de la madre corre peligro.
En Veracruz se han abierto 66 carpetas de investigación desde la despenalización del aborto en 2021, y 60 en Oaxaca.
El Código Penal permite el aborto hasta la semana 12 de gestación, después se considera un delito. Como el feto no puede vivir fuera del vientre materno hasta la semana 22 de gestación, cualquier aborto realizado después de ese momento se clasifica como homicidio doloso o culposo, dependiendo de las circunstancias.
Asimismo, la NOM 046 permite el aborto después de las 12 semanas si el embarazo se debe a una violación.
Es importante que organizaciones como Fondo María y Giree empiecen a poner fin a este estigma, que lleva a que, a pesar de la despenalización legal del aborto hasta las semanas de gestación, aún exista el impulso de denunciar a las mujeres que han abortado”, Camila Rivapalacio, investigadora jurídica de Giree señala.
Los estados con menor número de investigaciones iniciadas son aquellos donde el aborto se despenalizó el año pasado, como Guerrero con seis casos, Baja California Sur con ocho y Sinaloa y Quintana Roo con tres casos cada uno.
En el caso de Aguascalientes, el aborto se despenalizó apenas a finales de agosto de este año, y en lo que va del año se han iniciado 10 investigaciones.
AM.MX/fm’.
