Bruselas — Países como Liberia, Mozambique y Venezuela lo están haciendo mejor que México a la hora de abordar el problema de la privación de libertad por desapariciones forzadas, según ha revelado un estudio de la Iniciativa para la Medición de los Derechos Humanos (HRMI, por sus siglas en inglés).
El estudio, elaborado por expertos en derechos humanos de la organización con sede en Nueva Zelanda, se presentó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para su consideración durante el examen de México en Ginebra. El Comité instó a México a entablar un «diálogo constructivo» para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la delegación que visitó el país en noviembre de 2021 y a las opiniones presentadas por el Gobierno en agosto de 2022 en respuesta al informe del relator. El vicepresidente de la Comisión, Horacio Ravenna, en nombre de la Comisión, «tomó nota con preocupación del continuo aumento del fenómeno de las desapariciones forzadas».
En lo que respecta al derecho a no sufrir desapariciones forzadas, México obtiene actualmente una puntuación de 3,0 sobre 10, en el rango de «muy deficiente». Esto significa que muchas personas en México corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada. Comparado con 30 países de todo el mundo, México tiene una de las peores puntuaciones en el derecho a no sufrir desapariciones forzadas, por debajo de Mozambique, Arabia Saudí y Venezuela.
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Kazajstán, Brasil, la República Democrática del Congo y Jordania obtienen el doble de puntos que México. Los que obtienen mejores resultados son Taiwán, Corea del Sur, Nepal y Malasia, con puntuaciones que oscilan entre 8,6 y 8,1 respectivamente. Después de México, que ocupa el último lugar de la clasificación, China y Bangladesh obtienen una puntuación de 3,5 y 4,3 respectivamente.
«Cuando se preguntó a los expertos en derechos humanos en México qué personas corrían un riesgo especial de desaparición forzada, el 67% de los expertos dijo que todas las personas corrían riesgo de desaparición en México.» Aunque los defensores de los derechos humanos son los que corren mayor riesgo, el documento detalla que los migrantes, los detenidos y los indígenas también corren peligro.
El documento sostiene que las malas calificaciones de México no han cambiado significativamente desde 2017, lo que sugiere que el Gobierno no ha tomado medidas efectivas para prevenir las desapariciones forzadas.HRMI es financiado por organizaciones benéficas como Open Society Foundations y la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda, y el Desarrollo del Comercio Exterior del Reino Unido y Holanda. Trabaja con financiación del Ministerio de Comercio Exterior y Desarrollo.
El documento se elaboró en relación con el examen de México por parte de la Comisión de la ONU. El examen comenzó el miércoles y concluye hoy. En la segunda sesión, los relatores de la ONU Juan Albán Alencastro y Carmen Rosa Villa Quintana destacaron el significativo aumento de las desapariciones de menores. La Sra. Quintana dijo: «El número de niños desaparecidos es muy alarmante y ha aumentado enormemente en los últimos años en los estados de México, Tamaulipas, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Sonora, Michoacán y Baja California.» Lea también: Dolientes empuñan pistolas y rifles en el velorio de un líder criminal ecuatoriano.
Destacan la disparidad entre el número de cuerpos sin identificar en el país, 54 mil, y los últimos indicadores presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, en forma de avances, en lo que va del sexenio, de la participación de la Guardia Nacional: 642 servicios de campo, 107 caninos especiales y 655 perfiles genéticos y 18 71 sobrevuelos para establecer la identidad. El relator afirmó que «el número de personas desaparecidas sigue registrando más de 111 mil, pero el número de desaparecidos no coincide con el número de investigaciones, que siguen siendo muy inferiores y desproporcionadas a los hechos.»
El relator enumeró a Jalisco como el estado con mayor número de desaparecidos, seguido de Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Distrito Federal, Sinaloa, Michoacán, Sonora y Guerrero. Los expertos cuestionaron la falta de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de las 32 comisiones locales de búsqueda, así como el retraso de cinco años en la presentación de protocolos ante la Comisión Nacional de Búsqueda y la Ley General de Búsqueda. Afirmaron que las renuncias de miembros de las comisiones de la verdad de 1965 a 1990 por falta de apoyo no pueden considerarse un «hecho positivo». La delegación mexicana, encabezada por la embajadora Francisca Mendes Escobar, de la Oficina de la ONU en Ginebra, afirmó que se habían realizado progresos en este ámbito. Las autoridades gubernamentales han garantizado que los familiares tengan acceso a la información y a los expedientes del Ministerio Público y que también puedan participar en las investigaciones sobre el terreno. Las autoridades investigadoras también custodian los expedientes de las investigaciones.
Enrique Irazoque, titular de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que el presupuesto de la Comisión Nacional de Investigación pasó de 468 millones de pesos en 2018 a mil 970 millones de pesos en 2023 y la plantilla de personal aumentó de 43 en 2019 a 243 en 2022.
