Las tres empresas de distribución de electricidad, conocidas como EDE, son un complejo punto de dolor financiero para el Estado y para los contribuyentes dominicanos. Durante años, han supuesto una sangría financiera de aproximadamente 1.000 millones de dólares cada 12 meses. Esto supone una enorme carga para el presupuesto del Estado y se traduce en la pérdida de fondos que podrían utilizarse para satisfacer otras necesidades de la población y de los contribuyentes. Confiamos en que las autoridades estén interesadas en eliminar este problema, como esperaba el anterior Gobierno. Sin embargo, los planes anteriores no han sido suficientes para eliminar el déficit derivado del fraude eléctrico, las líneas de transmisión ineficientes y la energía que se factura pero no se recupera. Un asesoramiento adecuado y una gestión con visión de futuro indican que es necesario examinar los esfuerzos realizados hasta ahora, identificar los éxitos y los fracasos, y emprender otras vías administrativas y de gestión eficaces. Ahí radica precisamente la complejidad de este asunto. Esta complejidad debe dejarse en manos de expertos que puedan conducir al país a buen puerto. Debe dejarse en sus manos.
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El Gobierno no debe resistirse a la necesidad de introducir cambios importantes en la gestión de las empresas de distribución de electricidad. Seguir con la vieja forma de hacer las cosas es seguir gastando innecesariamente un dinero que las finanzas públicas necesitan en otro sitio. Por lo tanto, hay que buscar una solución urgente al déficit ya crónico de las empresas de distribución de electricidad. Esta búsqueda debe formar parte de los importantes cambios de ingresos y gastos que el país tendrá que hacer en un futuro próximo.
