Ex empleados de la Dirección de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), ataviados con equipo de seguridad y protocolo para exigir el pago de prestaciones que esperan desde hace tres años, participaron en el 75 aniversario del organismo en la Catedral Primada de América. Impidieron una misa conmemorativa.
Un grupo de supervivientes protestó con pancartas en los alrededores de la iglesia, gritando a viva voz por el cese de los pagos o por continuar la lucha hasta alcanzar una solución.
Massiel Ortiz, subdirectora y jefa de examen y análisis de la agencia durante ocho años, esperó a que el director de la agencia, Rafael Burgos Pérez, comenzara su discurso durante la misa e intentó instar a los pagos en nombre de los afectados.
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Donde gritó los abusos cometidos por las entidades desentendidas y. ¡Soltadme, que nadie me agarre!
Burgos celebra el sufrimiento de muchos ex-empleados enfermos y hambrientos, a pesar de ser cristianos, sin trabajo, esperando las prestaciones que deberíamos recibir, tres años llevamos esperando una solución y seguimos en el limbo.
Durante el alboroto, Ortiz fue empujada fuera de la misa y la prensa también fue golpeada.
Massiel Ortiz, quien ingresó al CEA en 2015 con un sueldo mensual de 45 mil pesos, se convirtió en la vocera de un grupo que defiende sus derechos, pues su salario es cercano a los 497 mil pesos.
Al término del acto, Rafael Burgos Pérez dijo que había realizado tres pagos, pero que no hablaba de ser despedido, ya que los no registrados estaban bajo proceso judicial y podían ser negociados.
En los alrededores de la Catedral se respiraba un ambiente de desánimo.
Los disidentes señalaron que en el proceso de disolución de la CEA se habían retrasado los pagos de prestaciones y de la Seguridad Social, lo que había afectado a la economía familiar.
Otros, según Rosa Reyes, ex consejera del Consejo Estatal del Azúcar, dijeron que algunos de los despidos se llevaron a cabo para permitir la admisión de quienes apoyan al partido político del presidente Luis Abinader.
Juan Santana, quien fue encargado de mantenimiento eléctrico de Bienes Nacionales durante 18 años, dijo que a pesar de ser simpatizante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), las cancelaciones no fueron políticas, sino un argumento de que les correspondía exigir el dinero por el que trabajaron arduamente como seres humanos.
En tanto, Antonio Decena Ozuna, quien laboró como auditor interno y analista financiero en el mismo centro de trabajo durante 33 años, calificó la actitud de Burgos como insensible y abusiva, al no prestar atención a lo que venían reclamando desde hace tres años.
Los afectados gritaron palabras despectivas sobre el director de la organización, sospechoso de abuso de autoridad y corrupción. Reiteraron que lucharían hasta que todos cobraran sus salarios.
