Ya ha pasado un año desde que la primera Constitución dominicana fue promulgada oficialmente en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844.
La mayoría de los historiadores señalan que entre la promulgación de nuevas cartas políticas y enmiendas ha habido unas 39 cartas políticas, lo que es casi un récord, pero en la mayoría de los casos se trató de enmiendas puntuales o de cartas sustantivas de muy corta duración. Las constituciones de Moca y Juan Bosch se citan a menudo como progresistas, aunque ambas duraron poco.
De hecho, la carta política más longeva sobre la que se construyó el país y su actual democracia fue la Constitución de Joaquín Balaguer de 1966, que estuvo en vigor durante 44 años, con una única modificación significativa, con la inclusión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en 1994, que dio lugar a un poder judicial independiente. Continuó aplicándose. El periodo prodemocrático incorporó todos los principios de la república liberal, que hoy detallan y desarrollan los nuevos principios que rigen un Estado social y democrático de derecho.
Los gobernantes reformistas, como escribo en mi libro La Justicia dominicana (2003), sólo citaban la Constitución en los decretos e incluso los jueces no la incluían en sus decisiones, a pesar de que casi siempre tuvieron mayoría parlamentaria durante 36 años hasta su muerte, Fue el único que ni una sola vez intentó enmendarla.
La Constitución de 2010, que ahora tiene 14 años, la primera en la que toda la población participó en un debate de dos años, ha sido aclamada por expertos de todo el mundo como una ley moderna que garantiza los derechos de los ciudadanos y el control ciudadano sobre el Estado y sus asuntos cotidianos.
Este acuerdo político, que contó con el apoyo de todos los partidos políticos y creó el Tribunal Constitucional, introdujo al país en el siglo XXI e incluso el público inculto empezó a hablar de la Constitución como si fuera una cartilla sobre la Iglesia y los derechos y deberes que contiene, pero la decisión política más importante del entonces Presidente, que tenía mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura fue nombrar un Tribunal Constitucional, órgano central de la nueva carta política en un país sin constitucionalistas.
Entre los candidatos de entonces había jueces, académicos y abogados (PLD, PRD e independientes) con más de 12 años de experiencia práctica, pero ninguno de ellos era realmente constitucionalista.
En el apogeo de su liderazgo, Leonel Fernández asumió plenos poderes y seleccionó a Milton Rey Guevara, miembro del PRD con quien mantenía relaciones antagónicas, para dirigir la nueva institución.
Hoy, en el aniversario de la Constitución, la única sombra de justicia constitucional es el desacato en un país donde las generaciones anteriores fueron educadas en derecho civil y penal. Según el Comisionado del Tribunal Constitucional, el Gobierno sigue ignorando cientos de decisiones judiciales.
