Credenciales a la Oficina de Supervisión de Contratos Laborales
Amenazar con interrumpir el tránsito urbano con un insólito apagón total de semáforos, no autorizado oficialmente por el Intendente, no parece ser más que una osadía para provocar malestar al margen de las autoridades competentes. Se trata de una reacción agravada ante la acción legal de suspender el contrato de modernización de la señalización vial, basada en indicios de graves irregularidades en el momento de la firma del contrato, y un caso en el que se pueden retomar otros casos sin que la población afectada se amotine a través de los medios de comunicación para buscar una decisión definitiva.
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Se trata de una protesta inmerecidamente arrogante contra un órgano de gobierno que vela discretamente por la firma de promesas de ejecución y pago de bienes y servicios realizadas por organismos estatales. Su papel es esencial para garantizar la transparencia y la limpieza en el uso del dinero público, sin comprometer el derecho de nadie a la autodefensa.
En la adquisición de un sistema de señalización para el control del tráfico vehicular, con un costo para el contribuyente de R$ 1.317 millones, no se puede suponer que faltaron esfuerzos diligentes para hacer respetar los procedimientos que garantizan la transparencia; los detalles y vínculos reveladores contenidos en la resolución de la DGCP para suspender el funcionamiento de la mérito; el trabajo realizado por esta DGCP para cumplir con sus obligaciones desde 2020 merece un voto de confianza de la ciudadanía dominicana.
