Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), las adquisiciones y contrataciones que realiza el Estado para la tramitación de bienes, servicios y obras para el desarrollo nacional deben adecuarse para que los actores que intervienen en estos procesos cumplan con sus funciones y sean congruentes con las exigencias del ordenamiento jurídico vigente deben apoyarse en mejoras transparentes para fortalecer la
En ese sentido, el FINJI reiteró a través de un comunicado la necesidad de reformar la Ley No 340-06 sobre Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
A continuación el texto íntegro del comunicado de FINJUS
Las normas jurídicas arraigan en la sociedad una forma de relacionarse con los asuntos de la realidad colectiva e incluso de la autonomía individual. Por ello, es importante que los principios jurídicos que orientan el sistema apoyen el nuevo paradigma en el ordenamiento jurídico dominicano, que busca institucionalizar una mejor regulación de los procesos de compras y contrataciones en el Estado.
FINJUS ha enfatizado consistente y repetidamente la necesidad de un ambiente de contratación saludable no sólo para las empresas estatales y extranjeras, sino también para las autoridades públicas, las PYMES y todos los ciudadanos. Alienta las contribuciones positivas a la legislación nacional y pide a las autoridades públicas que actúen sobre la base del respeto irrestricto de las normas para garantizar que la contratación pública no caiga en el sistema normativo exactamente al revés de su naturaleza.
La Ley 340-06 se encuentra desactualizada en algunos aspectos (lo que constituye la principal causa de escándalos a nivel nacional), por lo que constituye una importante herramienta de control y transparencia de los actos administrativos, aunque urge prever un escenario de simplificación de procedimientos y procesos.
El conocimiento del Proyecto de Ley General de Contrataciones presentado al Senado de la República por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es objeto de consenso en los diversos sectores que componen el país, activará mejoras en aspectos como los derechos de los proveedores, las particularidades de la gestión de contratos, su cumplimiento y modificaciones, y la posibilidad de sofismas en relación con la subcontratación. Estos aspectos aportan nuevas soluciones a los contenciosos administrativos que no pueden resolverse en el marco normativo actual.
En este contexto, es crucial que la nueva ley oriente los programas de cumplimiento normativo de acuerdo con las mejores prácticas anticorrupción contemporáneas. El régimen de investigación de la Ley No 340-06 ya ha demostrado ser ineficaz e ineficiente en la regulación de las actividades del Estado para el uso óptimo de los recursos públicos, lo que significa que ya no es adecuado contra la crisis del sistema de justicia y las injusticias resultantes.
En definitiva, las reformas en curso merecen un análisis preciso para promover un sistema integral de adquisiciones y contrataciones, que a su vez estimule la seguridad jurídica y mejore el clima de inversión en el país. Es evidente que la reactivación oportuna de esta reforma garantizaría la transparencia y traería consigo mejoras económicas, sociales y políticas inmediatas.
