Los abogados defensores de los acusados en el caso Medusa presentarán el próximo martes una impugnación al escrito de acusación de 12.274 páginas presentado el viernes por la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ese día, la Sala III de la Jurisdicción Nacional también se pronunciará sobre el recurso presentado por la defensa del acusado Alfredo Alexandre Solano Augusto a través de sus abogados Manuel Sierra Pérez e Ivo René Sánchez.
En la audiencia del viernes, la defensa argumentó que los abogados que subieron al estrado en nombre del Estado sólo tenían una orden escrita del Presidente y no un poder.
Los abogados Sierra Pérez y Sánchez señalaron que debido a que el Abogado del Estado no presentó un poder del Poder Ejecutivo, desconocían que su contrato implicaba un monto aproximado de 400 millones de pesos y debía pasar por la Dirección General de Compras y Contrataciones, lo cual es un requisito obligatorio, de lo contrario se pondría en riesgo la responsabilidad civil del Presidente. Argumentaron que se trataba de un requisito obligatorio, ya que de lo contrario se trataría de un acto engañoso que comprometería la responsabilidad civil del Presidente.
Inicio del juicio
Tras cinco meses y 22 días de lectura, la Fiscalía concluyó el viernes la presentación del escrito de acusación contra los imputados en el proceso Medussa.
Al término de la lectura del escrito de acusación ante el juez Amaury Martínez, del Tribunal III, la Fiscalía solicitó el inicio del juicio contra las 41 personas y 22 empresas imputadas en el proceso y el mantenimiento de las medidas obligatorias impuestas a los acusados.
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El fiscal Emmanuel Ramírez admitió toda la acusación y a los imputados Rodríguez Sánchez, Jonathan Rodríguez Imbert, Alfredo Solano Augusto, Jenny Marte Peña, Glennie Altagracia Guigen Calzado y Rafael Antonio Mercedes, Javier Alejandro Fortesa Ibarra, y Miguel José Moya, solicitaron que se mantengan las medidas de coerción en su contra.
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Según el ente acusador, el ex procurador Jean Alan Rodríguez lideró una red de corrupción cuando ocupó el cargo de fiscal general entre 2016 y 2020.
El caso Medusa se derivó de una red de corrupción cuando Rodríguez Sánchez era fiscal general, la cual fue desarticulada en mayo de 2021, reitera la Fiscalía.
