Autoridades penitenciarias buscan identificar a quienes autorizaron llamadas al asesino de Jorge Mella
La DGSPC anunció que establecerá la responsabilidad de los agentes penitenciarios que autorizaron las llamadas al asesino de Jorge Mella.
La DGSPC establecerá la responsabilidad de los agentes penitenciarios que autorizaron al recluso Fausto Miguel Cruz a llamar a los medios de comunicación.
La DGSPC aclaró que Cruz recibe tratamiento médico desde que ingresó a prisión.
Santo Domingo (República Dominicana) – La Dirección General de Prisiones y Servicios Penitenciarios (DGSPC) informó que realiza una investigación para identificar al agente penitenciario que autorizó al asesino de Orlando Jorge Mella, Fausto Miguel Cruz de la Mota, a llamar a los medios de comunicación.
En un comunicado de prensa, la DGSPC precisó que la investigación está a cargo de la Dirección Adjunta de Seguridad e Inteligencia, encabezada por el coronel Manuel Polanco, quien actualmente permanece en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Hombres de Najo para esos fines.
Mientras tanto, el establecimiento penitenciario reveló que desde su detención en el penal, el recluso Fausto Miguel Cruz de la Mota ha recibido asistencia médica por parte de los médicos de la prisión y de centros médicos privados del país.
Según el registro de asistencia del centro penitenciario, el preso Cruz de la Mota ha sido atendido por un médico especialista siempre que ha sido necesario.
La Dirección General de Prisiones y Servicios Penitenciarios actúa en cumplimiento de la Ley 113-21 de Régimen Penitenciario, que establece, entre otros derechos de los presos, el derecho a la salud y al contacto telefónico previsto en el artículo 4, número 11 de la Ley, y limita su uso a los familiares y representantes legales.
La DGSPC es la autoridad penitenciaria responsable de evitar que las personas privadas de libertad continúen atentando contra la sociedad mientras se encuentran en prisión, y para ello, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y la Asociación Dominicana de Telecomunicaciones (INDOTEL), ha implementado un plan para eliminar la telefonía no autorizada en las cárceles del país, que ha logrado El plan ha tenido éxito.
Como parte de este plan, se desmantelaron las estructuras de acceso a Internet en las prisiones, lo que permitió la incautación de los equipos de telecomunicaciones utilizados por los presos para cometer delitos.
La Dirección General de Prisiones y Servicios Penitenciarios, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, instaló 214 dispositivos de comunicación en prisiones de todo el país para garantizar el derecho a la comunicación de los reclusos.
