Santo Domingo. – Con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de mayo la Defensoría del Pueblo dio a conocer su primer informe sobre derechos humanos.
El informe establece que las violaciones a la salud e integridad son los derechos más vulnerados en República Dominicana, seguidos por el derecho al trabajo, la justicia y la igualdad.
La baja cobertura del seguro médico, la exclusión del mismo al momento de pensionarse, el alto costo de los medicamentos, entre otras circunstancias, contribuyen a la vulneración del derecho a la salud, y según el reconocimiento del 67% de la población, ocupa el primer lugar en los reclamos de los factores dominicanos.
Pablo Ulloa, titular del órgano Constitucional, dijo que los datos difundidos por la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2023 muestran que las clínicas y hospitales se ubican entre los 4 lugares de mayores violaciones de derechos en el país. Destacó que el problema refleja la distorsión de todo el sistema y la impotencia de la población.
También señaló que la integridad personal se posicionó como el segundo derecho más demandado por los ciudadanos. Dijo que el abuso policial representó el 59% de los informes de atropellamientos.
Explicó que el 53% de los consultados calificó a la Policía Nacional como la institución que más no respetaba los derechos del Estado.
Se describieron escenas de abuso de poder, arbitrariedad policial, opresión psicológica, agresiones físicas, uso desproporcionado de la fuerza y crueldad. [.]. el 40% dijo que el lamentable hecho ocurrió en un destacamento uniformado, especificó el defensor.
Refiriéndose a otros pilares del informe, Ulloa destacó que el trabajo, la justicia y la igualdad ocupan el 3er puesto entre los derechos más cuestionados del país.
Se refirió al trabajo infantil, la discriminación en el acceso y pago del trabajo, y la trata de personas con fines de explotación sexual y comercial. Además, dijo que el informe mostró que muchos dominicanos consideran un privilegio cumplir con la ley.
Sobre igualdad, explicó que la población entrevistada achacó las diferencias de trato por parte de autoridades e instituciones a varios grupos en los que destacaron: personas con discapacidad, mujeres, entre otras condiciones.
Pablo Ulloa gritó que el déficit de derechos analizado en el Informe Nacional de Derechos Humanos revela el desempeño inadecuado del Estado en el cumplimiento de su misión esencial de proteger a las personas.
Dijo que en los últimos 12 meses, el 54% de quienes denunciaron violaciones de algunos derechos en entrevistas y presentaron quejas ante las autoridades dijeron que la respuesta fue pobre/muy mala.el 17% no recibió una reacción, otro 17% encontró que la reacción era regular y solo el 13% la consideró buena / muy buena.
Dijo que el 57% de la población de República Dominicana reconoce que los derechos humanos en el país son poco o ningún respeto, mientras que el 42% piensa que son algo respetados o muy respetados.
En un evento al que asistió Ndaba Mandela, nieto del fallecido Nelson Mandela de Sudáfrica, los defensores destacaron que el propósito del informe era tener un impacto significativo en la formulación de políticas públicas para promover y proteger los derechos humanos en la República Dominicana.
En las conclusiones del informe, la Defensoría del Pueblo instó a la administración a implementar políticas efectivas que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, seguridad y regímenes de resultados ante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados.
Es un programa que promueve la igualdad de género, promueve la diversidad y promueve la erradicación de todas las formas de discriminación laboral.
Además de las acciones que contribuyan a la lucha y persecución de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, sancionar no solo a los perpetradores, sino también a sus cómplices.
De igual forma, Ulloa abogó por la implementación de políticas de Estado que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad.
Con gran convicción ratificamos nuestro compromiso irrevocable con la promoción, difusión y educación de los derechos humanos en la República Dominicana. La protección de estos derechos no es solo una obligación legal, sino también una responsabilidad ética para orientar nuestras acciones, agregó Ulloa.
