Sorelly Jáquez, Emmanuel Rivera Ledesma, acusado de liderar una red de presunto fraude inmobiliario fue arrestado bajo el nombre de Operación Nido, al no poder pagar a las 300 víctimas porque la mayor parte del dinero se gastó en artículos de lujo y restaurantes. Todos los maleantes, si vas con Mantequilla y Jairón, todos dicen: Prisionero, no puedo con eso. El juez dijo que no podía arreglar nada porque gastó la mayor parte de ese dinero en artículos de lujo, casas y restaurantes por valor de $1.2 millones, y señaló que cuando Rivera Ledesma comenzó la supuesta estafa, vivía en un departamento de alquiler.
¿Cómo piensas devolver este dinero? No tenía cómo pagar la deuda, pero al parecer todos los estafadores siempre decían las mismas cosas, agregó Jáquez. También señaló que Rivera Ledesma vendió un terreno de su propiedad a un tercero.
Hubo un acusado que también cooperó, admitió la verdad y habló sobre el sobreprecio de los proyectos sobrevendidos y por eso dejó la empresa y comenzó a advertir a los clientes para que recibieran. Resultó que “un proyecto se vendió 31 veces a muchas personas diferentes. ”, explica.
Fiscales. Asimismo, señaló que el conocimiento del incidente de ejecución ha sido suspendido este miércoles 10 de enero, cuando el Ministerio Público continuará respondiendo y esperando que se haga justicia en el presente caso, porque la situación de las víctimas es muy dolorosa. Además de Emmanuel Rivera Ledesma, continúa el juicio contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobileiaria & Diseños Arquitectónico, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
La organización denunciante determinó que la mayoría de los afectados eran personas trabajadoras que, a través de sacrificios, aportaban grandes sumas de dinero para comprar casas que nunca recibieron. Destacó que luego de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de actividades encaminadas a que las víctimas no presentaran denuncias en su contra ni retiraran denuncias ya presentadas. También buscó persuadir a la víctima para que firmara un nuevo contrato y tomara otras acciones para obstaculizar la investigación, sugiriendo que el acusado y otros miembros de la red estaban sujetos a medidas coercitivas para evitar la destrucción de pruebas y representaban una clara amenaza.
para aquellos que fueron estafados, dijo el congresista. El fiscal solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva al imputado y el caso fue declarado complicado. El monto del fraude ascendió a más de 700 millones de dólares.
