Washington D.C., 16 de enero de 2024. – El 9 de enero de 2024, finalizaron los esfuerzos para aprobar esta ley y el anuncio del Presidente de la Asamblea Nacional para iniciar una consulta pública sobre el contenido del proyecto de ley, con miras a facilitar una segunda discusión que conduzca a su aprobación final. De aprobarse, esta ley tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el funcionamiento libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil, al exigirles que soliciten permiso del gobierno para operar y revelar cualquier patrocinio extraño.
El lenguaje vago y ambiguo del actual proyecto de ley genera advertencias de una mayor represión contra los defensores de los derechos humanos, lo que podría resultar en multas, cancelaciones del registro e incluso procesos penales. El enfoque explícito de la ley en la financiación extranjera y su designación de las ONG como “agentes extranjeros” se suman a sus características inquietantes. Este no es el primer intento del Estado de promover esfuerzos legales o administrativos para limitar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Por lo tanto, independientemente de cómo se apruebe finalmente esta ley, la mera existencia de este tipo de propuestas legislativas representa una amenaza, que tiene un impacto paralizador en la sociedad civil y sus electores, una forma de control que va en contra de la obligación del Estado de garantizar un entorno favorable. ambiente. para proteger los derechos y valores democráticos.
A medida que Venezuela entra en un año crítico para la investigación de la Corte Penal Internacional, las restricciones a las organizaciones no gubernamentales podrían obstaculizar su capacidad para recopilar información vital para la investigación en curso y, en última instancia, dificultar la consecución de justicia por los crímenes de lesa humanidad. Además, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de este año y las elecciones regionales y legislativas de 2025, el momento de la aprobación de este proyecto de ley genera preocupación sobre el potencial de una mayor represión gubernamental, situaciones que a menudo son monitoreadas por organizaciones de la sociedad civil. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que condene tanto el proyecto de ley propuesto como los continuos esfuerzos del gobierno venezolano por hostigar a las organizaciones de la sociedad civil del país.
Le pedimos que se solidarice con los defensores de los derechos humanos en Venezuela, quienes regularmente enfrentan criminalización y represión. Finalmente, hacemos un llamado al gobierno venezolano a poner fin a todas las formas de acoso contra las organizaciones de la sociedad civil y a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar un entorno propicio para los defensores de los derechos humanos.
