de Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dice que se necesita atención urgente al sistema penitenciario de República Dominicana, ya que muchos presos carecen de atención para garantizar sus derechos y estos centros siguen siendo lugares de origen de la delincuencia y el delito. Enfatizó que actualmente las cárceles dominicanas se encuentran sobrepobladas, lo que dificulta brindar atención con los derechos garantizados a los presos.
No podemos seguir con cárceles que son laboratorios del crimen y están bajo supervisión o tutela gubernamental y en las que los delincuentes siguen operando por falta de atención institucional y de condiciones, dijo Ulloa. Al presentar una investigación cualitativa sobre las condiciones de salud en los centros penitenciarios de República Dominicana, que recogió las percepciones de los reclusos, explicó que el 30% de los reclusos tiene problemas de salud. Según la investigación del Defensor del Pueblo, el 30% de los presos sufre problemas cardíacos, enfermedades oculares, anemia falciforme y el 20% padece problemas de salud mental; 10% enfermedades renales, 8% diabetes, 5% tuberculosis y 3% VIH, dato alarmante porque la mitad de los presos no recibe atención.
Durante nuestra visita a las cárceles comprobamos la falta de atención y condiciones para resolver problemas básicos como la salud de los reclusos, enfatizó el presidente del órgano constitucional. El estudio realizado por el Mediador y el primero de cinco estudios que presentará la organización recibió el apoyo de la Dirección de Prisiones y Servicios Correccionales del Departamento de Defensa, cuyos datos fueron elaborados por la reconocida antropóloga Tahira Vargas. Al presentarlo, Pablo Ulloa destacó la apertura e interés de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales en acelerar el mejoramiento de las instalaciones del país.
En el acto estuvo presente el director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín Santos; primera adjunta del Conciliador, Ana Martich; primer reemplazante, Roberto Quiroz; el secretario general Harold Modesto; el director de la Oficina de Oportunidad, Julián Valdés; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes; la antropóloga Tahira Vargas, así como los colaboradores de la organización.
