Si se la acusa formalmente, Boluarte no puede ser juzgada hasta que finalice su mandato en julio de 2026, como lo estipula la Constitución. El primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, considera el allanamiento de su casa y sede de gobierno como un atentado a la dignidad de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de una investigación sobre los relojes Rolex que le entregaron a la presidenta y que no están declarados como de su propiedad. .
Lo ocurrido fue un ataque intolerable a la dignidad del Presidente de la República y de la Nación que representa. Adrianzén dijo el sábado a radio y televisión RPP que estas acciones fueron desproporcionadas e inconstitucionales. A primera hora de la mañana, la policía y los fiscales registraron la casa y la sede presidencial en busca de joyas del presidente.
Desde el 18 de marzo, el Presidente de Perú se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y falta de registro de declaraciones en documentos públicos. Adrianzén agregó en la cadena X que los ministros expresamos nuestra solidaridad con el presidente y rechazamos firmemente estas acciones políticas desestabilizadoras, ocultas en cuestionables acuerdos jurisdiccionales. Según el jefe de Gabinete, al momento del allanamiento, Boluarte se encontraba en su residencia dentro de Palacio de Gobierno y declarará ante la fiscalía cuando sea citado.
El Presidente solicitó un aplazamiento de la citación para declarar, pero curiosamente no fue concedido. Sin embargo, sigue cooperando con la fiscalía, enfatizó Adrianzén. Si es acusada formalmente, Boluarte no puede ser juzgada hasta que finalice su mandato en julio de 2026, como lo estipula la Constitución.
Sin embargo, el escándalo podría llevar al Congreso a pedir la absolución de Boluarte, alegando su incompetencia moral.
