CIUDAD DE MÉXICO (EFE). — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer preocupación por lo que calificó como una grave filtración de datos personales de periodistas en México. Esto, luego de que el 22 de febrero el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hiciera público el número de teléfono de Natalie Kitroeff, corresponsal en México del New York Times, durante su reunión habitual desde Palacio Nacional.
Natalie escribió un reportaje en el citado medio sobre la ya concluida investigación de Washington sobre las acusaciones de soborno que la campaña presidencial de López Obrador recibió en 2018 -incluidos sus hijos- por parte de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas. La RELE de la CIDH expresó su preocupación por la tolerancia institucional hacia la divulgación de datos personales de periodistas en México y llamó al Estado a adecuar sus acciones a los estándares humanos. La organización recuerda que la Agencia Estatal de Información de México publicó posteriormente un vídeo con una fotografía de la periodista, acusándola de publicar las notas sin pruebas y sin rigor periodístico.
Agregó que el presidente defendió que tiene derecho a responder a acusaciones de difamación por cualquier motivo, aunque el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) anunció una investigación automática y la plataforma de videos de fondo YouTube eliminó el material de su conferencia. . por comportamiento dañino como dox.
Manifestó que la CIDH reconoce que es legítimo y bajo ciertas circunstancias pronunciarse sobre asuntos de interés público y defenderse de críticas y preguntas de la prensa. Sin embargo, expresó preocupación por la gravedad de la divulgación de datos personales de periodistas, especialmente en el contexto de declaraciones oficiales. Enfatizó que esta difusión de datos personales tiene el potencial de resaltar o agravar situaciones de hostilidad, intolerancia u hostilidad por parte de la población hacia los periodistas o los medios de comunicación.
Especialmente en un país con un alto índice de violencia contra la prensa, enfatizó RELE. Abuso de poder Asimismo, sostuvo que la divulgación de este tipo de información por parte de funcionarios razonablemente podría entenderse como intimidación, discriminación y abuso de poder. La CIDH afirma que los funcionarios actúan como vectores que amplifican y aceleran la difusión de mensajes discriminatorios.
Por ello llamó al gobierno mexicano a abordar las causas y consecuencias de estas decisiones oficiales, y aconsejó al gobierno que evite cualquier discurso intolerante, discriminatorio o intrusivo que pueda incitar o promover la violencia. RELE advierte sobre consecuencias nocivas que podrían derivarse de declaraciones oficiales que podrían comprometer las responsabilidades internacionales del Estado. También sostiene que estas acciones contra mujeres periodistas no contribuyen a mejorar la calidad del debate público y profundizan la polarización de los roles de género, y que también pueden provocar un efecto de autocensura.
