EFE.- La producción de droga acelera el cambio climático y destruye ecosistemas frágiles, como la cuenca del Amazonas, sólo la producción de cocaína emite tanto CO2 como los casi dos millones en circulación vehículos en todo un año. El impacto de la producción de drogas en el medio ambiente es uno de los aspectos destacados en el informe 2023 de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE), presentado este martes en Viena. La JIFE es la agencia de las Naciones Unidas responsable de garantizar el cumplimiento de los tratados sobre drogas.
Según datos de 2020, la producción mundial de cocaína genera aproximadamente 8,9 millones de toneladas de CO2 al año, equivalente a las emisiones de más de 1,9 millones de coches de gasolina. Según el informe, la producción de drogas también crea sistemas económicos ilícitos completos que degradan el medio ambiente, como la tala ilegal y el comercio de flora y fauna, al tiempo que promueven la corrupción y la violencia. Además, el uso de productos químicos muy potentes y contaminantes en estas actividades ilegales genera impactos devastadores, como la deforestación, en zonas ecológicamente muy vulnerables.
En la producción de cocaína se utiliza ácido sulfúrico y queroseno, mientras que para la producción de metanfetamina se necesita amoníaco anhidro, sustancias muy potentes cuyos desechos a menudo se liberan al medio ambiente y, en caso de mayor deforestación, contaminarán los ríos, el suelo y envenenarán a los animales. . .
Según la JIFE, en toda la cuenca del Amazonas existen conflictos violentos entre comunidades locales y narcotraficantes, a menudo derivados de denuncias de especulación territorial y acaparamiento ilegal de tierras. La JIFE dice que en Ecuador, la degradación de los recursos naturales debido al cultivo de coca y la producción de cocaína está poniendo en peligro algunos medios de vida vulnerables en la frontera norte con Colombia, especialmente para aquellos que dependen económicamente de la pesca de krill y cangrejo. Esta situación, advierte el documento, podría empujar a poblaciones vulnerables de la región a participar en la economía ilícita, por ejemplo mediante el contrabando de cocaína o gasolina subsidiada (utilizada para producir cocaína) a narcotraficantes de la provincia de Nariño (Colombia).
