es vaga. Entre las preocupaciones que expresaron los panelistas sobre el contenido de la ley estuvo la falta de un glosario. Profesores, políticos y abogados participaron este jueves de un panel sobre derechos fundamentales y seguridad, centrado en la Ley 1-24 para crear la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI).
La conferencia fue organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. La conversación se dividió en cuatro sectores, como académicos institucionales, sectores sociopolíticos, asociaciones bancarias y medios de comunicación. En este sentido, se organizaron tres sesiones de debate con ponentes fomentando el debate entre los estudiantes presentes, quienes formularon preguntas sobre lo explicado por los ponentes en un plazo de 10 minutos, tiempo para expresar sus opiniones sobre el contenido de la ley controvertida.
El acto inaugural en el Auditorio de Ciencias Forenses estuvo presidido por el decano Héctor Pereyra Espaillat así como por el diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Juan Dionicio Rodríguez. El primer panel fue moderado por el decano y contó con conferencias de los profesores Erick Hernández Machado y José Miguel Vásquez, así como del vicepresidente de la Fundación Instituciones y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños. En segundo lugar, el congresista Dionicio Rodríguez moderó el panel desde una perspectiva social y política, en el que participaron los juristas Alexis Joaquín Castillo y Dianirys Perderaux y el presidente de la Asociación Dominicana Anticorrupción (Adocco).
Entre las preocupaciones que expresaron los panelistas sobre el contenido de la ley estuvieron la falta de un glosario, así como las estipuladas en los artículos 11, 22 y 24, por considerarlos vagos. Le da al fiscal la posibilidad de deliberar (…) por lo que este artículo no se ajusta a lo que llamamos buen derecho, señala Alexis Joaquín Castillo respecto del párrafo 13 del artículo 9, que establece establecer cooperación con esta organización con empresas tecnológicas y apoyo técnico. .
Finalmente, Castillo enfatizó que la medida relacionada con esta ley aprobada por ambas cámaras legislativas en diciembre pasado fue su derogación. Dijo que la ley no debería modificarse sino abolirse. Por su parte, el diputado del Frente Amplio defendió su posición de que fue el único legislador de la Cámara de Diputados que no votó a favor de la sanción de la ley, por lo que la votación a este nivel no fue unánime.
de los delegados presentes. El tercer panel estuvo orientado por el sector medios y bancario, encabezado por el Director del Instituto de Criminología y Criminología del Departamento de Ciencias Forenses de la UASD, Rafael Román Rodríguez, y moderado por el Presidente de la Escuela de Graduados Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) . , Aurelio Henríquez.
Asimismo, también participaron la periodista Patricia Pérez y el presidente de la comisión jurídica de la Asociación de Muchos Bancos de la República Dominicana, Orlando Gómez. Estos últimos señalaron que acogen con satisfacción la existencia de la ley, pero exigen una ley más precisa en la que se guarden los secretos profesionales y no se viole la privacidad de los usuarios del banco, si fuera necesario. Mientras que los periodistas resaltaron el impacto en sus derechos de prensa y libertad de expresión.
El texto legislativo fue convertido en ley por el ejecutivo el 15 de enero de este año, lo que desde entonces ha generado objeciones al contenido de la ley por parte de varios sectores, incluida la Asociación de Prensa de Dominica.
