Nueva Orleans, Luisiana, 27 de marzo. Un tribunal federal de apelaciones ordenó que se suspenda la ley SB4 de Texas, que permite al estado detener y deportar a inmigrantes sospechosos de estar en Estados Unidos ilegalmente. La orden fue emitida anoche por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos luego de una audiencia el 20 de marzo ante el panel de tres jueces del tribunal.
Este es el paso final de una larga batalla legal que aún no ha terminado. El Departamento de Justicia alega que la ley de Texas viola descaradamente la autoridad federal y provocará caos en la frontera. Texas sostiene que la administración del presidente Joe Biden no ha hecho lo suficiente para controlar la frontera y que los funcionarios estatales tienen derecho a actuar.
La norma permaneció vigente durante unas horas el 19 de marzo, luego de que la Corte Suprema allanara el camino para que entrara en vigor. Pero el tribunal superior no se pronunció sobre el fondo del caso y lo devolvió al Quinto Circuito, que suspendió al demandante mientras consideraba una apelación final. La decisión del martes reiteró la suspensión.
La ley, firmada por el gobernador Greg Abbott, autoriza a cualquier agente de la ley estatal a arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. Una vez detenidos, los inmigrantes pueden aceptar la orden de un juez de abandonar el país o ser procesados por entrada ilegal. Quienes no abandonen el país pueden ser detenidos nuevamente por cargos más graves.
Texas no informó arrestos durante el corto tiempo que la regla estuvo en vigor. Los funcionarios han ofrecido varias explicaciones sobre cómo hacer cumplir esta regulación. Por su parte, México ha indicado que se negará a aceptar a cualquier persona deportada con base en esta disposición.
Los críticos ven la norma como el intento más agresivo del estado de controlar la inmigración desde una ley aprobada por Arizona hace más de una década y parcialmente anulada por la Corte Suprema. Además, argumentan que la iniciativa de Texas podría conducir a violaciones de derechos civiles y represión racial. Por su parte, los defensores han desestimado esas preocupaciones, argumentando que los agentes deben tener una causa probable para realizar el arresto, que podría incluir presenciar el robo o verlo en video.
También esperan que la ley se aplique específicamente en los condados fronterizos, aunque se aplicará en todo el estado.
