MIAMI, EE.UU. – Una investigación realizada por el medio cubano El Toque, con el apoyo de la plataforma periodística CONNECTAS, ha revelado el sistema de explotación laboral y expropiación económica del régimen cubano a través de las llamadas delegaciones internacionalistas en Angola. La investigación, firmada por la periodista Annarella Grimal, reveló cómo el gobierno de la isla, a través de empresas militares, consolidó un entramado empresarial que sometía a profesionales cubanos a condiciones laborales abusivas.
La investigación denominada My$ion de Cuba a Angola se divide en dos partes: Negocios “Solidaritarios” y Negocios Web. Estos revelan planes para explotar recursos y ganancias a través de una red comercial controlada por el ejército de la isla, generando millones de dólares en ingresos. El Toque explica: Los cubanos bajo contratos estatales en el país africano son monitoreados y coaccionados, no pueden expresarse ni moverse libremente y carecen de garantías mínimas o compensaciones para proteger sus derechos e integridad física.
Además, precisa que la Corporación Antillana Export S. A. (Antex), filial que desarrolla actividades económicas en Angola del grupo GAESA, perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), retiene entre el 76 y el 91% del dinero que Angola pagó a cada persona.
trabajadores. Según El Toque, el tejido empresarial no se limita a la salud sino que se extiende a campos como la educación, la construcción, la defensa, los negocios, la energía y la minería, generando ingresos por 6.755 millones de dólares en el último cuarto de siglo. La investigación encontró que al menos 20 empresas de origen cubano tenían operaciones en Angola, ocho de las cuales estaban inscritas en el registro mercantil del país.
Asimismo, el informe destaca la participación de soldados cubanos en la fuerza de protección del actual presidente angoleño, João Lourenço, y en los servicios de inteligencia del país africano. El examen de más de 7.300 nóminas y extractos de cuentas publicados por Antex, junto con decenas de otros documentos oficiales, testimonios y comunicados de prensa, constituye la base de un exhaustivo trabajo periodístico, que abarca también el papel de Cuba en la exportación de drogas, sangre y sangre. .
sangre. productos (generando ingresos con un valor acumulado de 116,7 millones de dólares). El informe no sólo destaca los abusos sistemáticos del gobierno cubano a los derechos fundamentales de sus colaboradores, sino que también destaca la estructura económica detrás de la llamada solidaridad cubana en África.
Quejas sobre trabajo forzoso En noviembre de 2023, Tomoya Obokata, relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud, envió una carta al representante de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos, en la que advertía sobre la persistencia de patrones similares al trabajo forzoso, identificados por el indicadores. de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe continúa basando sus acusaciones en el testimonio de exportadores cubanos y el análisis de acuerdos y contratos, destacando numerosas violaciones de derechos humanos básicos.
El Relator Especial destacó la importancia y el valor de la cooperación sanitaria cubana a nivel internacional, pero enfatizó sus preocupaciones por las violaciones de derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, la formación de asociaciones y los viajes. Las delegaciones cubanas, que incluyeron expertos de diversos campos como médicos, docentes, ingenieros y artistas, entre otros, describieron la explotación laboral en los países de destino. El informe documenta salarios inadecuados, confiscación de pasaportes, restricciones de movimiento y vigilancia de agentes del gobierno cubano, así como casos de acoso o violencia sexual, amenazas y violencia física.
En respuesta a estas acusaciones, la Misión Permanente de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos negó haber presionado o tomado represalias contra quienes optaron por no participar en estas misiones. Sin embargo, Obokata sostiene que muchos expertos se vieron obligados a participar debido a la coerción del régimen cubano y a factores como la pobreza y el número limitado de empleos en la isla.
