El gran desafío de la justicia en América Latina y España, una vez que tengamos un sistema garantizado, brindando confianza a los ciudadanos. dijo el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena. El juez hizo estas declaraciones durante la conferencia Desafíos del Sistema de Justicia Iberoamericano, en la que reflexionó sobre la transición de un sistema de persecución inquisitorial a un sistema de orden judicial, en el que se han tomado procedimientos para proteger los derechos de los ciudadanos.
El jurista identificó factores que podrían influir en la pérdida de credibilidad de los procesos penales, en los que citó razones discursivas y otras de ineficacia procesal, la aplicación inadecuada de resoluciones o decisiones penales, además del grado de politización de la justicia. Puede existir y la corrupción. Asimismo, Llarena explica que los sesgos sobre la justicia penal provienen en gran medida de lo que transmiten quienes han entrado en contacto con el sistema de justicia; segundo, de las opiniones que obtienen de los medios de comunicación y tercero, de las opiniones de abogados y juristas.
Pero esto a veces es percibido erróneamente por los ciudadanos, que tienen la sensación de que cuando nos oyen hablar sólo de las seguridades del acusado, acaban pensando que se ha producido un desplazamiento como si fuera un pico tectónico de derechos, y que los derechos de las víctimas fueron transferidos. a los delincuentes, estimó el juez. El jurista Pablo Llarena recomienda que las jurisdicciones de los países iberoamericanos cuenten con un especialista en comunicación que pueda explicar claramente a los ciudadanos lo que implica el trabajo judicial.
En su presentación, explicó que la sociedad busca información en la fuente de justicia, asignando a cada medio su propio taquígrafo judicial y si no encuentran dicha información en el sistema judicial, acudirán a los litigantes, quienes no encontrarán esa información. . Darles.
Información fiable pero sesgada. También llamó a centralizar la información de los juzgados o tribunales y brindar información sobre temas que llamen la atención, explicando qué factores jurídicos se analizaron para adoptar esta decisión, durante su participación en la sexta edición de la Conferencia del Poder Judicial 2024. Pablo Llarena se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid, instituto de Burgos, y ejerció la abogacía de 1986 a 1988.
Fue catedrático de universidad. Fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 28 de enero de 2016 por la Asamblea General del Poder Judicial de España.
