El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes una nueva política para proteger de la deportación a cientos de miles de indocumentados que sean cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo a la Casa Blanca, unas 500.000 personas se verían beneficiadas.
Estar casado con un ciudadano estadounidense provee un camino hacia la ciudadanía.
Sin embargo, cuando un migrante entra al país de forma ilegal y después se convierte en cónyuge de un estadounidense, debe regresar a su lugar de origen para solicitar la residencia permanente, en un proceso que puede demorar años.
Por esta razón, muchos optan por quedarse y correr el riesgo de ser deportados en lugar de dejar a sus familias.
En pleno año electoral, la migración es un dolor de cabeza para Biden, quien recientemente emitió otra orden ejecutiva para frenar la llegada récord de inmigrantes a la frontera entre EE..UU. y México.
En un evento en la Casa Blanca el martes, el presidente demócrata comentó que la nueva política ayudaría a que el sistema de inmigración estadounidense sea menos «injusto» en beneficio de los inmigrantes, las parejas casadas y todos los estadounidenses.
Su gobierno también cree que la orden ejecutiva beneficiará a 50.000 jóvenes menores de 21 años cuyos padres estén casados con un ciudadano estadounidense.
«La acción que anuncio hoy entrará en vigor a finales de este verano (boreal)», dijo el mandatario en rueda de prensa.
«Las medidas que estoy tomando hoy cuentan con el apoyo abrumador del pueblo estadounidense, a pesar de lo que diga el otro equipo», añadió, en referencia a los republicanos.
La noticia de la Casa Blanca se produjo mientras Estados Unidos conmemora el 12º aniversario de DACA, que protegió de la deportación a más de 530.000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos hoy día como dreamers.
¿Quiénes cualifican?
El lunes, altos funcionarios del gobierno de Biden dijeron que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses con estatus migratorio irregular calificarían si han vivido en el país durante 10 años y estaban casados para el 17 de junio de este año.
Las parejas no necesitan haber estado casadas por un período de tiempo específico.
Aquellos que califiquen tendrán tres años para solicitar la residencia permanente y serán elegibles para un permiso de trabajo de tres años.
En promedio, la Casa Blanca cree que los elegibles para el proceso han estado en EE.UU. durante 23 años. La mayoría habría nacido en México.
Se les otorgará lo que han llamado «libertad condicional en el lugar» y se les permitirá permanecer en EE.UU. mientras se cambia su estatus.
NumbersUSA, una organización que aboga por controles de inmigración más estrictos, calificó la nueva política de «desmedida».
El director ejecutivo de la organización, James Massa, dijo en un comunicado: «En lugar de detener la peor crisis fronteriza de la historia, el presidente Biden se ha extralimitado en su autoridad ejecutiva al utilizar un proceso inconstitucional, eludiendo a los votantes y a sus representantes electos en el Congreso, para enviar un mensaje de que la amnistía está disponible para aquellos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos».
Por su parte, Alex Cuic, abogado de inmigración y profesor de la Universidad Case Western Reserve en Ohio, le dijo a la BBC que si bien la acción impacta solo a un «grupo reducido», marca un «comienzo» para un segmento de la población inmigrante en EE.UU. que históricamente enfrenta complicaciones para normalizar su estatus en el país, incluso cuando son elegibles.
Una compleja cuerda floja
La orden ejecutiva de este martes contrasta marcadamente con otra amplia orden de inmigración emitida por el presidente a principios de junio, que permite a los funcionarios expulsar rápidamente a los migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos sin procesar sus solicitudes de asilo.
Ambas políticas, espaciadas en sólo dos semanas, han puesto de relieve la compleja cuerda floja en la que se encuentra Biden con respecto a esta cuestión.
