La propuesta de reforma del código laboral presentada ayer por el presidente Luis Abinader podría allanar el camino para la modernización del mercado laboral dominicano. Esto podría ayudar a abordar algunos de los problemas clave relacionados con el trabajo, como la informalidad, que afecta a más del 50% de la población activa. Sin embargo, más allá de estas mejoras, la reforma también ofrece una oportunidad importante para enfrentar los desafíos históricos del país, como la participación económica de las personas con discapacidad, una deuda que el estado de Dominica ha retrasado durante mucho tiempo.
La La propuesta de reforma, aunque consensuada por distintos sectores, aún podría apoyar el impulso productivo de personas con condiciones físicas, sentido o percepción. La Ley 05-13 relativa a los derechos de las personas con discapacidad establece una cuota del 2% para la incorporación de personas con discapacidad a la fuerza laboral corporativa, medida que teóricamente aseguraría la participación de este grupo en el mercado laboral formal. Sin embargo, en realidad, la falta de supervisión por parte de agencias responsables y las deficiencias en la aplicación de las leyes vigentes durante los últimos 10 años han hecho que este objetivo sea imposible de alcanzar.
La reforma laboral ofrece una oportunidad única para reevaluar y reforzar la implementación de esta cuota, garantizando que las empresas respeten la inclusión de personas con discapacidad en su plantilla. Según una investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la situación de las personas con discapacidad en República Dominicana, alrededor de 8 de cada 10 personas con discapacidad están desempleadas, una cifra vergonzosa comparada con la situación de este país. personas sin discapacidad, de las cuales sólo dos décimas están desempleadas.
Aunque no existen datos específicos y actualizados sobre la tasa de empleo de las personas con discapacidad en el país, la información disponible destaca la gravedad de la situación.
Incluir medidas específicas en la reforma del Código del Trabajo, como fortalecer los controles y sanciones por incumplimiento de la cuota del 2%, podría ser un paso fundamental para asegurar que este segmento tenga acceso al empleo formal, con todas las garantías y derechos que esto implica.
Cabe señalar aquí que si se busca información sobre la proporción de personas económicamente activas (PAE), es prácticamente imposible conocer esta información en relación con personas con discapacidad, aunque es una métrica que se mide periódicamente en el país. Y en este contexto, la falta de datos también informa la invisibilidad y por qué el nuevo Código del Trabajo exige disposiciones explícitas para la inclusión de la discapacidad.
Para que la reforma laboral logre los objetivos deseados. Durante los próximos 30 años, será importante observar a todos los grupos de población de manera horizontal sin dejar a ninguno fuera. Esto incluye a la población discapacitada, que representa el 12,41% de la población total del país. Ignorar las necesidades e intereses del sector sería una oportunidad perdida en momentos en que República Dominicana tiene la oportunidad de actualizar su marco para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
