El proyecto de ley ya fue aprobado por el Senado de la República y ahora espera la misma suerte en la Cámara de Diputados.
El Gobierno de la República Dominicana ha anunciado que está a la espera de la aprobación de la Cámara de Diputados de las modificaciones a la Ley de Contrataciones y Contratos Públicos propuestas por el Ejecutivo. Estos cambios ya fueron aprobados por el Senado de la República.
Según declaraciones del director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, entre las medidas propuestas está la prohibición a los ex servidores públicos de mantener relaciones comerciales o profesionales con la institución que representaron o sus subordinados durante un año después de su salida. Se introdujo una pena de prisión de dos a tres años por realizar declaraciones falsas bajo juramento sobre el registro como proveedor público o la participación en un contrato.
Además de introducir penas de prisión de dos a cinco años y multas de hasta 50 salarios mínimos para los empleados que interfieran fraudulentamente en los procesos de contratación, se estableció que las instituciones deben publicar en sus portales la información relacionada con su actividad de contratación.
En declaraciones a los medios durante Semanal, el presidente Luis Abinader señaló que la modificación de este texto legal es parte de la política del gobierno para aumentar la transparencia gubernamental.
El presidente también dijo que el gobierno está trabajando en un decreto para crear un Sistema Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que estará finalizado la próxima semana.
«En ese sentido, estamos trabajando en un decreto para crear un Sistema Nacional de Transparencia en la Lucha contra la Corrupción, que nos permitirá unificar y pasar del actual Gabinete a un sistema mucho más flexible» que permita «coordinar e integrar las estrategias estatales de transparencia y lucha contra la corrupción», dijo el presidente.
El Gobierno explicó que se trata de un sistema creado para coordinar e integrar las estrategias gubernamentales de transparencia y lucha contra la corrupción. También se pretende asegurar la eficacia de la implementación de las políticas públicas para estos fines, tomando en cuenta las recomendaciones de la OCDE, en una cultura de transparencia, sin impunidad y con consecuencias adecuadas.
Para ello, se implementarán estrategias para reducir el riesgo de corrupción en la administración pública, se garantizará el acceso claro y oportuno a la información pública, se fortalecerá el control de los recursos públicos para identificar y prevenir violaciones, y se introducirán mecanismos para la devolución de bienes adquiridos ilícitamente.
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