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Organizaciones campesinas han advertido sobre el peligro que corre la seguridad jurídica de miles de parceleros de la reforma agraria y la seguridad alimentaria del país a causa del Decreto 115-25, que fusiona el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura.
Los representantes campesinos sostienen que el IAD desempeña una función social fundamental para impulsar y sostener los asentamientos agrarios en el país, tarea que no puede ser asumida por el Ministerio de Agricultura, al que señalan de ineficaz y de servir a intereses oligárquicos.
Advierten que, con la desaparición del IAD, también se verán perjudicados aquellos parceleros, entre 90 y 100 mil familias, que aún carecen de título de propiedad, quedando en un limbo legal.
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Así lo declararon la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (Fedelac) y la Central Nacional de Unidad Campesina y Agricultores (Cenucad), quienes alertaron que esta medida constituye un retroceso en un momento en que la Reforma Agraria celebra 63 años este 27 de abril.
El presidente de Fedelac, Luciano Robles, manifestó que la reforma agraria ha sido el programa de justicia social de mayor envergadura en la República Dominicana, incluso antes de la promulgación de la ley 87-01 de seguridad social. Explicó que esto fue posible gracias al IAD, que facilitó que los terratenientes entregaran tierras a numerosas familias. Desde entonces, el IAD ha distribuido cerca de 11 millones de tareas de tierra a unas 140 mil familias, quienes han garantizado la seguridad alimentaria, produciendo más del 50% de la producción agrícola nacional.
Robles destacó que Agricultura ha sido dirigida en los últimos años por una oligarquía que hace negocios con grandes hacendados, importadores de productos agrícolas y agroempresarios, beneficiando a los importadores.
Robles aseguró que en la próxima semana iniciarán movilizaciones pacíficas en todo el país para llamar la atención del Gobierno y para reunirse con los legisladores, buscando la derogación del decreto, que consideran un “error histórico”. Los líderes campesinos también denunciaron que el IAD ya ha visto congeladas sus cuentas, lo que paraliza servicios esenciales.
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